“En una nueva auditoría en el ANDIS, donde ya se detectaron que 212 personas procesadas, condenadas y presas recibían una pensión no contributiva por invalidez laboral, ahora se identificaron 150 personas fallecidas que cobraban una pensión por discapacidad”, manifestó Manuel Adorni en su última conferencia de prensa, el viernes.
De acuerdo con el informe del Gobierno, se detectó que las 150 personas habían fallecido hasta hace 1.800 días atrás. En consecuencia, otras personas siguieron cobrando la prestación en nombre de los fallecidos, denotando una falta de controles en el organismo.
“Hace rato habían fallecido y alguien seguía cobrando su pensión por discapacidad. Esto implica dos cosas. Primero, que alguien se hacía de dinero que no era de él y después que este dinero sale del bolsillo de un contribuyente”, insistió Adorni.
El costo total del “fraude” sería de $1.355.000.000 pesos, según constató el vocero presidencial, que a su vez dijo que fueron “cobrados de manera indebida". Asimismo, se detalló que ese dinero llegó a 102 instituciones prestadoras en todo el país.
