
El Gobierno oficializó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal: Los puntos clave
En el primer Boletín Oficial del año, el Ejecutivo promulgó ambas leyes consideradas cruciales para la nueva etapa del plan oficial.
La legisladora nacional de La Libertad Avanza arremetió contra sus colegas de bloque al dar a conocer los documentos mediante los que pretendían excarcelar a represores.
Política26 de agosto de 2024
Priscila Corregidor
Luego de difundir chats reveladores sobre la visita de diputados libertarios a genocidas, la legisladora nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, quien fuera parte de la comitiva que se presentó en Ezeiza, continuó esta noche con su arremetida contra sus colegas y divulgó una serie de proyectos de ley y un decreto presidencial con los que pretendían lograr la libertad de los represores.
"Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia", dijo este domingo en una nueva publicación en sus redes sociales sobre las capturas de pantalla en las que se puede observar la coordinación entre distintos diputados del bloque para acudir a la cárcel para establecer nexos con los detenidos por delitos de lesa humanidad.
Y continuó: "Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas". Acto seguido, la libertaria dio a conocer los proyectos de ley y un decreto que, eventualmente, intentarían que el Presidente Milei firme.
Qué dice el decreto de La Libertad Avanza para liberar genocidas
Uno de los documentos filtrados por Arrieta esta noche es un decreto que, como tal, eventualmente debería llevar la firma del Presidente, que tiene por objetivo promover la libertad de aquellos genocidas que se encuentren detenidos habiéndose superado un plazo de 25 años desde la comisión del delito.
"Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal", señala el primer artículo.
Vencido el plazo dispuesto en el decreto, proponen que opere "la extinción por insubsistencia de la acción conforme la garantía establecida por el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a nuestro sistema legal por ley 23.313". El término deberá ser contado "desde la fecha de comisión del delito".
Al ser redactado con el fin de liberar a represores de la dictadura, una oración del artículo generó sorpresa debido a que hace mención al caso de que se vea afectada la democracia. Es que el texto propone que el cómputo de los 25 años "se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes".
El proyecto "Plazo Razonable" con el que los libertarios buscan liberar a genocidas
Por otro lado, el proyecto de ley denominado "Plazo Razonable" también argumenta en el mismo sentido que el decreto respecto al tiempo máximo de un proceso penal. Sin embargo, el plazo propuesto es de 20 años, en lugar de 25.
El texto señala que "en base a pautas que surgen de la jurisprudencia de la CSJN y la CIDH, entendemos que el lapso de veinte años". Además, indican que el tiempo comienza a correr desde el momento en que la autoridad ha tomado conocimiento de la comisión de un hecho delictivo. Pasado ese tiempo, el Estado se vería obligado a finalizar con "la persecución penal".
Según aseguran, los 20 años propuestos como plazo máximo "superan los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional, de los ciclos de vida, el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del CP para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua, también con creces los tiempos ordenatorios de las normas procesales para cada etapa del proceso y el dictado de resoluciones (...)".
Luego de difundir los proyectos de ley, la diputada Arrieta denunció que sus colegas de bancada buscan lograrla "impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad". Y agregó: "No es la agenda del presidente Javier Milei. Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei".
Lourdes Arrieta reveló chats explosivos sobre la visita de diputados libertarios a genocidas
El sábado Arrieta, quien probablemente en las próximas horas será expulsada del bloque de La Libertad Avanza, había expuesto en la misma red social una serie de chats que involucran a varios de sus pares en la coordinación de la visita a represores en el Penal de Ezeiza. "No más impunidad", se titula su extenso descargo en redes sociales en el que involucra a varios legisladores y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En las capturas que compartió en las redes, la diputada del oficialismo expuso la interna dentro de LLA. Por un lado, expuso un proyecto que circuló en secreto con el fin de otorgar la libertad a los represores. Además quedó en claro en los chats que los legisladores operaron de espaldas al Poder Ejecutivo, sin el conocimiento del presidente Javier Milei de sus actividades.
Entre otros detalles, Arrieta contó cómo fueron los intentos de eliminar la polémica foto de los diputados con represores en Ezeiza, las conversaciones entre los participantes y las críticas al Poder Ejecutivo.

En el primer Boletín Oficial del año, el Ejecutivo promulgó ambas leyes consideradas cruciales para la nueva etapa del plan oficial.

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