El Ejecutivo busca depurar el sistema de pensiones por invalidez, sospechando irregularidades que involucran a ex funcionarios y políticos. La medida podría dar de baja a 500.000 beneficiarios.
Nacional19 de julio de 2024
FH PRENSA
En un anuncio significativo, el Gobierno ha iniciado una mega auditoría para identificar y eliminar pensiones por invalidez obtenidas de manera fraudulenta. De los 1.223.864 beneficiarios actuales, se estima que cerca de medio millón podrían haber accedido al beneficio de manera irregular, lo que representa un posible ahorro mensual de 100,000 millones de pesos.
La investigación fue impulsada por una denuncia del Fiscal Federal Guillermo Marijuán, quien apuntó a un supuesto sistema de corrupción que involucra a ex Presidentes y altos funcionarios, que habrían utilizado las pensiones por invalidez con fines políticos entre 2020 y 2023, desviando aproximadamente 3.400 millones de dólares.
Según Marijuán, ex funcionarios habrían relajado los requisitos para otorgar las pensiones, permitiendo su entrega masiva e irregular como favores políticos. La normativa exige que los beneficiarios demuestren una incapacidad laboral del 76% y una situación económica vulnerable, condiciones que muchos de los actuales beneficiarios no cumplirían.
El operativo nacional de auditoría se centrará en el conurbano bonaerense y las provincias del Norte, donde se sospecha que la mayoría de las pensiones fraudulentas fueron otorgadas. Los beneficiarios serán citados a través de carta documento para presentarse en oficinas de ANSeS o hospitales públicos, donde se evaluará su grado de discapacidad y situación socioeconómica.
El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, asegura que se actuará con objetividad y que los beneficiarios que cumplan con los requisitos no perderán su pensión. Sin embargo, los beneficiarios que no se presenten a las citas perderán automáticamente el beneficio.
La auditoría también revela un sistema de fraudes en el programa Incluir Salud, donde se facturaban servicios médicos que no se brindaban, aumentando aún más el desvío de fondos. Esta acción del Gobierno busca no solo recuperar fondos, sino también restablecer la transparencia y equidad en la distribución de las pensiones por invalidez.
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