Ley Bases: El Gobierno y la oposición aceptan las modificaciones del Senado pero excluyen privatizaciones

El Gobierno y los bloques de oposición dialoguista llegaron ayer por la tarde a un acuerdo para que la Cámara de Diputados acepte las modificaciones que el Senado introdujo hace dos semanas en el proyecto de Ley Bases. Entre estos cambios se incluye la exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la lista de empresas públicas a privatizar.

Este acuerdo se concretó este mediodía en una reunión que involucró al vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y representantes de los bloques del Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Posteriormente, este acuerdo se reflejó en un dictamen de mayoría firmado en las comisiones de Legislación General y Presupuesto, obteniendo 66 firmas. Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, así como la socialista Mónica Fein, no firmaron el dictamen.

El oficialismo planea llevar este dictamen al recinto de la Cámara baja pasado mañana, para lo cual convocó a una sesión especial a las 12.

A pesar de la exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA de la lista de empresas a privatizar, persisten diferencias entre los bloques. La bancada de Pro firmará el dictamen en disidencia, argumentando que estas tres compañías deberían ser privatizadas.

Los comentarios desde los distintos bloques sobre la Ley Bases

“El kirchnerismo fue el responsable de la estatización antijurídica y gravosa de Aerolíneas, que ha acumulado 7500 millones de dólares de pérdida que pagamos todos los argentinos, especialmente los jubilados, porque 50 millones de ese déficit se financió con el fondo de sustentabilidad previsional”, afirmó Silvana Giudici.

Un grupo de diputados radicales firmaron el dictamen en disidencia con argumentos similares, aunque la mayoría de la bancada apoyará lo que votó el Senado en este punto. La exclusión de estas tres empresas de la lista de privatizaciones fue una exigencia de los senadores radicales al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien accedió para asegurar sus votos en la aprobación general de la Ley de Bases. Cuando el proyecto volvió a la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, intentó desconocer lo acordado en el Senado, pero sus diputados no lo aceptaron.

“Si insistimos con la privatización de estas tres empresas, cuando el Senado las excluyó antes de la votación, corremos el riesgo de que el kirchnerismo intente judicializar toda la Ley Bases”, advirtieron.

Este mismo argumento fue sostenido por Miguel Pichetto, jefe de la bancada Hacemos Coalición Federal, y ratificado esta tarde por el diputado Nicolás Massot en el plenario de las comisiones. Massot insistió en que la Cámara de Diputados no tiene facultades para insistir en la privatización de estas tres empresas porque el oficialismo del Senado decidió excluirlas del tratamiento antes de la votación general.

“Fueron excluidas [durante el debate en el Senado] por el propio gobierno de Javier Milei de la lista de empresas a privatizar: esto formó parte de un acuerdo para alcanzar el quorum en el Senado. Nosotros reivindicamos el valor de los acuerdos”, sostuvo Massot.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan López anticipó que su bancada también firmará en disidencia el dictamen. “Este producto legislativo es más razonable que el original [en alusión a la media sanción de Diputados] –sostuvo-. Estamos frente a un proyecto que tiene dos medias sanciones; los diputados aquí presentes tenemos que optar entre una de las dos alternativas. Aún con nuestras críticas, creemos que algunas de las modificaciones que introdujo el Senado son razonables, como el acotamiento al régimen de incentivos a las grandes inversiones, el RIGI. Nosotros desde un principio votamos en contra de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, es por eso que vamos a firmar este dictamen en disidencia”.

Los representantes de Unión por la Patria, encabezados por Germán Martínez, no solo expresaron su rechazo al proyecto de Ley Bases y las modificaciones del Senado, sino que además predijeron que el paquete de reformas fiscales, de ser sancionado este jueves, terminará judicializado por sus “vicios inconstitucionales”.

“Esta ley [Bases] fue hecha a medida de un puñado de sectores económicos que se ven favorecidos por la discrecionalidad contenida en muchos de sus artículos. Una ley absolutamente viciada y arbitraria, con una enorme cantidad de visos de inconstitucionalidad, por lo que seguramente su contenido será llevado a tribunales”, advirtió Martínez.

Reformas y modificaciones legislativas en el Senado: régimen de incentivo a las grandes inversiones
En una extensa sesión, el Senado debatió y aprobó varias reformas y modificaciones legislativas que abarcan desde incentivos a las grandes inversiones y ajustes en contratos y acuerdos transaccionales, hasta la reforma del Estado, cambios en la legislación laboral y medidas contra los bloqueos sindicales.

El régimen de incentivo a las grandes inversiones fue uno de los temas más discutidos en el Senado. Específicamente, se modificó el artículo 165 para restringirlo a ciertos sectores: foresto-industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas.

Además, se incluyó un beneficio para los proveedores locales, estableciendo que “como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión” deberá ser destinado a ellos, siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

Otra modificación significativa se realizó en el artículo 196, relacionado con los incentivos cambiarios y el cobro de exportaciones. Los porcentajes serán del 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40% después de tres años; y 100% a partir de los cuatro años.

Moratoria previsional, contratos y acuerdos transaccionales

El título provisional fue retirado del texto antes de la votación en general. Por lo tanto, la eliminación de la moratoria no se discutió en el Senado, y los Diputados optaron por no insistir sobre ese punto para evitar discusiones reglamentarias. Esta misma situación aplica para la creación de la Prestación de Retiro Proporcional para las personas que lleguen a la edad jubilatoria sin la cantidad de años de aportes necesarios. Esta iniciativa del radicalismo también quedó fuera del texto final que se debatirá el jueves.

La principal modificación fue que “se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley, o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción”.

Reforma del Estado y reforma laboral

Las facultades del Poder Ejecutivo para intervenir en organismos públicos fueron aún más limitadas en el Senado con la prohibición de disolver organismos vinculados a la cultura. En Diputados, ya se había elaborado una lista de organismos que quedaban protegidos, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Administración de Parques Nacionales (APN), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Además, en los casos de reorganización, modificación o transformación de la estructura jurídica, centralización, fusión o escisión de los organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, se “garantizará el financiamiento para la continuidad de las funciones de dichos organismos” en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.

El Senado redujo de 5 a 3 la cantidad de trabajadores colaboradores que podrá tener un trabajador independiente para llevar adelante un emprendimiento productivo. Será una relación autónoma y no existirá un vínculo de dependencia entre ellos.

Medidas Anti Bloqueos Sindicales

Se podrá dar por terminada una relación laboral por "grave injuria laboral" si hay participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento.

Se presume que existe injuria grave cuando, durante una medida de acción directa, se afecta la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; se impide u obstruye total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; se ocasionan daños a personas o a propiedades de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento, o se las retiene indebidamente.