Los referentes libertarios Francisco Oneto y Nahuel Sotelo acusaron a la portavoz presidencial de incumplimiento de su deber como funcionaria pública, al no actuar contra quienes supuestamente incentivan los saqueos mediante redes sociales.
Política24 de agosto de 2023
RM Prensa
El diputado provincial Nahuel Sotelo y el candidato a vicegobernador bonaerense Francisco Oneto, ambos pertenecientes a La Libertad Avanza de Javier Milei, presentaron esta mañana una denuncia contra la vocera presidencial Gabriela Cerruti por incumplimiento de su deber como funcionaria pública, debido a sus acusaciones vía redes de que grupos libertarios se habrían organizado para difundir desinformaciones sobre saqueos en distintos puntos del país.
"Si la Sra. Cerruti tiene conocimiento de algún delito, su deber es denunciarlo, porque es funcionaria pública, (...) pues si tiene conocimiento, el mismo fue adquirido por algún medio, no existiendo obstáculo alguno para que comparta dicho medio con la judicatura para que actúe conforme a derecho", remarca el documento.
"No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de WhatsApp porque son profundamente antidemocráticos y quieren desestabilizar", señaló ayer Cerruti en su cuenta de Twitter para luego añadir que "ahora sale Milei a cerrar la operación dejando todo claro. Estas cuentas que están agitando desde el viernes son de sus seguidores. La democracia es un bien de todos y todas, y vamos a defenderla".
Debido a las acusaciones públicas de Cerruti, la cuenta institucional de La Libertad Avanza remarcó que "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre", a la vez que Sotelo informó que "junto a Francisco Oneto llevaremos a mediación a Gabriela Cerruti. Mentir no es gratis. No lo permitiremos".
Por su parte, el candidato y abogado penalista Francisco Oneto contó que el motor de la denuncia es por violación de deberes de funcionario público: "Si tiene conocimiento de un delito tiene la obligación de denunciar y la incumplió, y debe responder penalmente por ello".
"El documento hace especial mención de dos artículos diferentes: el 177 del Código Procesal Penal, que establece la obligatoriedad de funcionarios públicos de denunciar los delitos; y el 77 del Código Penal, que reprime con prisión de seis meses a tres años a quien "no denunciare la perpetración de un delito cuanto estuviere obligado".
"Llama poderosamente la atención la hipocresía, y falta de contacto con la realidad de la denunciada, quien pretende atribuir responsabilidad respecto de hechos que ocurren bajo el gobierno que integra, y cuyo color político domina en la Argentina hace más de 70 años, a un espacio político que nunca gobernó", dice un segmento del escrito, que está a cargo del Juzgado Federal N°9 de la Cámara Federal de Apelaciones.
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