Conflicto en el Convento San Bernardo: “Las fiscalías son adeptas al poder de la iglesia católica”

El Dr. Juan Casabella Dávalos, abogado defensor del contador Carlos Obey, quien es esposo de María Livia y que a su vez es la administradora de la Virgen del Cerro; está involucrado en una causa por delitos económicos, habló con Multivisión y detalló que su cliente estaba implicado en la causa “en un contexto de hostigamiento sistemático del arzobispo”.

En este marco, relató que hay una denuncia en el juzgado de violencia familiar y de género. “Las monjas hicieron las denuncias al vaticano” por el hecho sucedido en el mes de abril del corriente año, donde “hay un video que se puede ver a Cargnello como zamarrea y le pega a una monja en el brazo por tener la imagen de la Virgen del Cerro en el ataúd de otra religiosa”, expresó Dávalos.

Ante la denuncia, “el arzobispo dijo que las monjas están manipuladas económicamente”. En este marco, se abre una investigación contra el contador Carlos Obey por ser administrador del convento, sin embargo, Casabella aclaró que el administrador es Marcelo Mentesana, el cual lleva las cuentas del convento y Obey sería solo un colaborador.

En este marco, contó que en la época del corralito, “desde el arzobispado pidieron al convento 18 mil dólares para afrontar la crisis, pero las carmelitas les dieron 9 mil dólares, que eran sus ahorros de donaciones y trabajos artesanales que hacían las religiosas”.

“Este pedido fue en 2005, años siguientes fallece la priora y la actual nunca le pidió la devolución de este dinero”. Entonces, “cuando se averiguan las causas por delitos económicos, sale a la luz esta deuda”.

Por su parte, el Dr. Juan Casabella Davalos, expresó que “fueron inexactas las palabras de la fiscalía sobre ‘secuestro, allanamiento y liberación de la monja''', ya que detalló que la familia de la misma “estaba parando en las dependencias del convento, hicieron consultas médicas, fueron al hospital Oñativia y ella se podía ir de forma voluntaria pero esperó la autorización de la priora para poder salir definitivamente del convento”. 

“Nunca fue un allanamiento, ni una liberación de una monja”, sentenció.