AV PrensaLa Jueza de Familia Nº 2 de Orán, Ana María Carriquiry, hizo lugar a un amparo colectivo contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Salta para que se condene al Estado Provincial a implementar un Plan en materia de Salud Mental.
La magistrada ordenó al Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Fiscalía de Estado que informen las inversiones realizadas en salud mental.
La causa iniciada por los Asesores de Incapaces de Orán tuvo una duración de dos meses, en los que la jueza se constituyó en el Hospital San Vicente de Paul de Orán y el Hospital Ragone de Salta para verificar la atención brindada a los pacientes derivados del interior.
El Colegio de Psicólogos y el Colegio de Psiquiatras participaron como Amigos del Tribunal e ilustraron sobre la alarmante situación en el norte de la provincia. El Hospital de Orán cuenta con un solo psiquiatra residente, cuyo contrato finaliza en Agosto. Además cuenta con una psicóloga en planta permanente y dos contratadas.
El recurso humano de salud se encuentra precarizado. En cuanto a la infraestructura el Centro de Adicciones Tinku se encuentra en refacciones.
Con cita a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General Nº 1 del Comité y el derecho constitucional a la salud, la jueza declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de salud mental en el Departamento Orán.
La Jueza ordenó al Estado Provincial establecer un Plan Integral en Salud Mental con presupuestos mínimos a ser presentado en el término de 10 días y a informar cada sesenta días el avance de la implementación del mismo.
Se acompaña a la sentencia un resumen de la misma en lenguaje accesible directamente al colectivo de habitantes de Orán, quienes son los usuarios del sistema de salud.
