El juez Roberto Gallardo intimó al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, a que en el plazo de 48 horas explique cómo se utilizaron los datos biométricos del presidente Alberto Fernández y de otras 60 personas.
Judicial 13 de abril de 2022
El juez porteño Roberto Gallardo intimó al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, a que en el plazo de dos días explique cómo se utilizaron los datos biométricos del presidente Alberto Fernández y de otras 60 personas que fueron migrados desde el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) hacia reparticiones que dependen de la cartera a su cargo.
El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°2 intimó al funcionario del Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, "para que en el plazo de dos días, explique pormenorizadamente con un informe de trazabilidad respecto a las personas enunciadas -en los días y horarios expuestos-, cuál fue la causa originante de la extracción y el uso que se le ha dado al dato biométrico requerido al ReNaPer por el Ministerio a su cargo".
En su resolución, el magistrado enumeró los 62 casos sobre los cuales pidió explicación a D'Alessandro, entre los que se destacan el del Presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la jefa del PRO, Patricia Bullrich; la cofundadora de Juntos por el Cambio Elisa Carrió y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
El listado incluye también a empresarios, funcionarios del Poder Judicial, dirigentes gremiales, políticos, periodistas y legisladores.
El juez Gallardo intimó a D'Alessandro a explicar cómo se usaron los datos biométricos luego de que el ministro porteño saliera ayer a cuestionar las medidas dispuestas por el magistrado tras disponer la suspensión del sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires por supuestas irregularidades en su manejo.
El juez Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.
Gallardo aseguró haber constatado que el Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA había accedido a datos biométricos del presidente Fernández, de la vicepresidenta Fernández de Kirchner y de Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.
El sistema de monitoreo del Ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del ReNaPer siempre que se trate de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
Entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
El imputado había solicitado a través de su defensa el beneficio de la libertad o arresto domiciliario. El Juzgado de Garantías 3 le negó el pedido.
Acusan a la vicepresidenta de "incumplimiento" de sus deberes de funcionario público, luego de ignorar un pedido del kirchnerismo para tratar el decreto de desregulación económica en la Cámara Alta.
Era un fallo que tenía en vilo a los padres del joven asesinado a los 18 años en Villa Gesell. Cinco de los acusados cumplen prisión perpetua y tres cumplen una pena de 15 años de cárcel.
Está acusado por mal desempeño en sus funciones e incumplimiento de sus deberes como magistrado jurisdiccional, en relación a la fuga del sicario Lino Abdemar Moreno, condenado por el crimen de Liliana Ledesma, en 2006.
El exfutbolista de Boca Juniors y Lanús está acusado por los delitos de “tenencia ilegal de arma de fuego, daño y desobediencia”. La Justicia también lo investiga en una tercera causa luego de que su exnovia Anabelia Ayala se quitara la vida en Año Nuevo.
El Ministerio de Capital Humano elevó a la Justicia nueva documentación probatoria y amplió denuncias. Hay pólizas sospechosas en el exMinisterio de la Mujer y el de Educación. Pettovello denunció a Pérsico.
La suba será de 140% en total, 70% en marzo y otro 70% en mayo. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661.
El arquero marplatense llevó a su equipo a las semifinales de la Conference League tras vencer al Lille de visitante en la tanda desde los doce pasos.
Podrán acceder al beneficio, personas mayores de 18 años, que ofrezcan bienes y servicios. El monto que se otorgará será de hasta $250.000.
Juan Pedro Aleart, conductor de Canal 3 de Rosario, abrió el noticiero con un relato en primera persona sobre la denuncia que hizo contra su tío y su padre, ambos abusadores, y la frustración de no haber obtenido justicia.
Durante la mañana, un llamado a una preceptora sobre una amenaza de bomba dio alerta a toda la institución educativa. Inmediatamente, el área de explosivos llegó al lugar y evacuó a los alumnos y vecinos de toda la cuadra de Coronel Suárez al 370.
El meteorólogo, Edgardo Escobar, adelantó cómo estará el tiempo para este sábado y domingo. Temperaturas superiores a los 20 grados y sin probabilidad de lluvia.
Un decreto firmado por su hermano, el presidente Javier Milei, asciende a la Secretaria presidencial al rango de Ministerio. El sueldo es de 3,5 millones, cercano al que cobran en mano los senadores.
Un chico de 12 años noqueó a una docente y le provocó lesiones de consideración, como una fractura en la mandíbula y la desviación del tabique, motivo por el cual tuvo que ser hospitalizada.
Nuestra provincia integra uno de los dos grupos en los que estará dividido el receso escolar de mitad de año.
El hecho sucedió hace dos años. Fue condenada a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos durante cinco años.