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La Justicia Federal de Salta imputó al empresario gastronómico y productor porcino José Antonio “Kiko” Fernández por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima a la línea 145, lo que derivó en un exhaustivo allanamiento encabezado por la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) y ARCA en una finca ubicada en la localidad de Cerrillos, perteneciente al reconocido emprendimiento Cerdo Negro.
Durante el operativo, las autoridades constataron la extrema precariedad habitacional en la que vivían al menos siete de los veinte trabajadores presentes. Según detalló la fiscalía, los empleados dormían en camas armadas con palets sobre pisos de tierra, utilizaban letrinas y debían calentar agua en tachos para higienizarse. Además, se descubrió que los peones estaban registrados falsamente bajo la actividad tabacalera para abaratar cargas sociales, aunque en realidad eran destinados a la cría de cerdos y la cosecha de aceitunas.
El informe judicial también evidenció graves irregularidades económicas y de seguridad. Los trabajadores cumplían jornadas excesivas sin cobrar horas extras y percibían salarios que no superaban los 500 mil pesos, careciendo totalmente de cobertura ante accidentes laborales. Esta situación de extrema vulnerabilidad contrastó de manera contundente con los registros de ARCA, los cuales demostraron que el empresario declaró ingresos superiores a los 600 millones de pesos anuales, confirmando que contaba con plena capacidad económica para garantizar condiciones laborales dignas.
