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El Gobierno nacional debió dar marcha atrás con uno de los puntos más controvertidos de su agenda legislativa. En medio del debate por la "ley de inviolabilidad de la propiedad privada" impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el oficialismo se vio forzado a suspender el tratamiento del Capítulo III, el cual proponía modificar la actual Ley de Tierras para flexibilizar y desregular la compra de territorios rurales por parte de capitales extranjeros.
La decisión se tomó al límite, luego de constatar que los números en el Senado no alcanzaban para aprobar la medida. Inicialmente, la Casa Rosada buscaba eliminar todas las restricciones para la venta de tierras a extranjeros. Frente a la dura resistencia legislativa, intentaron negociar llevando el límite permitido del 15% actual al 25%. Sin embargo, la jefa del oficialismo en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, debió convocar a una reunión de urgencia con los bloques aliados (UCR, PRO y partidos provinciales) donde se acordó retirar este articulado para evitar que naufragara el proyecto completo tras cuatro intentos fallidos.
El rol de los gobernadores provinciales fue determinante para frenar la "extranjerización" de las tierras, marcando un límite innegociable a la Casa Rosada. En el caso del norte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, bajó una línea clara para que sus legisladoras votaran en contra. A esta dura postura se sumaron rápidamente mandatarios de distinto color político como Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes instruyeron a sus senadores a rechazar la iniciativa argumentando la defensa de los recursos soberanos.
Con un peronismo consolidado en el rechazo y la fuga de aliados clave como un sector mayoritario del radicalismo, el oficialismo se encaminaba a un fracaso rotundo que rondaba los 40 votos en contra. Al verse obligada a ceder en este punto, la gestión libertaria intentará durante la sesión de este jueves salvar el resto del andamiaje de la ley de propiedad privada, en una jornada legislativa que promete ser sumamente tensa y que estará cruzada por movilizaciones de rechazo en las inmediaciones del Congreso.
