La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que el país mantiene con Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008.
El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia que obliga al Estado argentino a pagarle más de US$390,9 millones al fondo demandante, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue las causas contra la Argentina.
El caso tiene un laudo a favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, y ahora consiguió que la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazara la apelación de Argentina contra el fallo de primera instancia, que ya había desestimado el pedido del país de rechazar la demanda del fondo.
Titan Consortium fue a la Justicia de EE.UU. para que reconozca la validez del laudo CIADI, ya que los arbitrajes del tribunal que depende del Banco Mundial no son ejecutables, pero sirven de antecedente para recurrir a los tribunales judiciales.
Idas y vueltas en el juicio por Aerolíneas Argentinas
El reclamo ante el CIADI comenzó con la demanda del grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008. Luego transfirió ese derecho al fondo Burford Capital, el mismo que litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF, hasta quedar en poder de Titan Consortium, que desde 2021 litiga en la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.
El caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas tuvo tuvo laudo favorable a los demandantes en el CIADI en 2017. El país intentó anular el fallo, pero el Ciadi rechazó el pedido en 2019. Recién en 2024 el fondo Titan logró que la justicia de Estados Unidos reconociera la sentencia y le ordenara al país pagar US$390,9 millones mas intereses.
En 2025 la República Argentina apeló, invocando un plazo de prescripción de 3 años frente al de 12 años determinado en primera instancia. Hoy, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó la decisión de primera instancia indicando que el plazo aplicable es el de 12 años el monto final ejecutable es el original US$390.907.115,55
La Procuración del Tesoro informó que se encuentra analizando todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia.
El organismo oficial remarcó que esta causa tiene su origen en la herencia que la Argentina arrastra por décadas “producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de 30.000 millones de dólares en deudas por juicios perdidos” cuando el Gobierno asumió, en diciembre de 2023.
