El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, admitió graves falencias en los filtros de contratación de la comuna luego de conocerse que Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, se desempeñaba como empleado en el área de tránsito del municipio. El jefe comunal asumió la máxima responsabilidad política por el quiebre de los sistemas de alerta y confirmó el desplazamiento de funcionarios de su gabinete.
La vinculación del imputado con la estructura pública generó un fuerte impacto institucional y una oleada de advertencias sobre otros agentes con causas judiciales pendientes. Según reveló el propio mandatario, la intendencia recibió más de 200 avisos referidos a trabajadores que cumplirían condenas vigentes en diversas reparticiones, lo que motivó un requerimiento masivo de datos para evaluar cada situación de manera particular.
Como respuesta directa a la crisis, el Ejecutivo local enviará un proyecto de reforma laboral al Concejo Deliberante. La iniciativa parlamentaria estipula que todos los empleados municipales presenten sus certificados de antecedentes penales cada seis meses, modificando sustancialmente la normativa actual que solo exige dicho documento cada cuatro años. Además, el texto prevé la aplicación obligatoria de test de consumo de estupefacientes para la totalidad de la planta, con un enfoque de asistencia médica y tratamiento en lugar de criterios punitivos.
