AV Prensa
El Gobierno e YPF se presentaron ante la jueza de Nueva York Loretta Preska para rechazar el pedido de los demandantes del caso YPF (los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital) de utilizar en un eventual arbitraje ante el CIADI información obtenida durante el proceso judicial en Estados Unidos.
Según el escrito, esa documentación está protegida por un acuerdo vigente que limita su uso exclusivamente al litigio en EE.UU y que tiene un fallo de cámara que benefició a la Argentina.
En la carta a Preska, fechada el 24 de abril y enviada por el estudio Sullivan & Cromwell en representación de la Argentina, la defensa sostuvo que el planteo de los demandantes contradice lo pactado entre las partes, que fue homologado por el tribunal hace casi seis años.
“La orden prohíbe expresamente la extraordinaria medida que los demandantes buscan”, afirmaron los abogados del país. Remarcaron que el material de discovery “puede ser utilizado ‘únicamente para la tramitación o defensa de estas acciones’ y ‘para ningún otro propósito, incluyendo su uso en otros procesos legales, presentes o futuros’”.
Los abogados de la Argentina afirmaron que los demandantes intentan modificar esa cláusula para habilitar el uso de toda la evidencia recolectada en el proceso en Nueva York en su estrategia por revertir el fallo adverso en EE.UU. mediante un arbitraje ante el tribunal del Banco Mundial.
“Ahora buscan reescribir esta disposición acordada para poder ‘usar todo el material de discovery en procedimientos arbitrales’”, señaló el escrito argentino presentado a Preska sobre la intención de Burford.
La defensa argentina también cuestionó la oportunidad del planteo. De acuerdo con el escrito, no hay fundamentos que justifiquen alterar las reglas actuales y, además, el pedido sería prematuro.
El argumento central es que los demandantes todavía no iniciaron formalmente el arbitraje ante el CIADI, por lo que no corresponde habilitar el uso de esa información en un proceso que aún no existe.
En términos indirectos, la posición oficial es que no hay razón procesal para anticipar una excepción a la orden de confidencialidad vigente.
