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El Gobierno planea enviar la semana que viene al Congreso cambios a la Ley de Inocencia Fiscal para intentar atraer los dólares del colchón. En el Ejecutivo aseguran que las modificaciones se impulsarán por ley y sostienen que los equipos técnicos están ultimando detalles para remitir el proyecto en los próximos días.
En la Casa Rosada reconocen que el régimen no obtuvo el resultado que esperaban. La lectura interna es que la herramienta generó adhesiones, pero todavía no produjo el volumen de exteriorización ni de ingreso de fondos al circuito formal que buscaba el Ministerio de Economía. Es por eso que Luis Caputo decidió avanzar con cambios después de reunirse con contadores y tributaristas que marcaron objeciones técnicas sobre el alcance del esquema.
En Balcarce 50 apuntan a reforzar la seguridad jurídica del régimen y ampliar los incentivos para que los contribuyentes usen fondos no declarados o fuera del sistema sin quedar expuestos a revisiones fiscales hacia atrás. En Economía insisten en que no se trata de un blanqueo tradicional ni de una amnistía, sino de un sistema que cambia la lógica de fiscalización: menos “presunción de culpabilidad fiscal” y más confianza en la declaración del contribuyente.
La base de la Ley de Inocencia Fiscal es el Régimen Simplificado de Ganancias. Bajo ese esquema, ARCA precarga la declaración jurada con la información disponible, el contribuyente puede aceptar o corregir los datos y el cálculo se concentra en ingresos y gastos deducibles, sin poner el foco inicial en la evolución patrimonial ni en consumos personales.
El beneficio central es el llamado “tapón fiscal”. Si el contribuyente adhiere al régimen, presenta la declaración y paga en término, obtiene efecto liberatorio por el período fiscal base y una presunción de exactitud sobre declaraciones de Ganancias e IVA de períodos no prescriptos. En la práctica, eso limita la posibilidad de que el fisco vuelva sobre ejercicios anteriores, salvo que detecte inconsistencias relevantes.
