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El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, como supuesto jefe de una asociación ilícita dedicada a la adjudicación irregular de contrataciones públicas. La resolución también alcanzó a otros 18 acusados, entre funcionarios y empresarios, y ordenó nuevas declaraciones indagatorias.
Según el fallo, la investigación permitió reconstruir un entramado de corrupción institucional en el que funcionarios del organismo y actores privados actuaron de manera coordinada para obtener ganancias millonarias mediante la venta de medicamentos e insumos con sobreprecios. Para el magistrado, la ANDIS fue “cooptada y empleada como vía de enriquecimiento”, en perjuicio de su función de proteger a personas con discapacidad.
Casanello describió la existencia de un “sistema de retornos” implementado por droguerías proveedoras del Estado, que recompensaban a funcionarios a través de sobornos. Las compras simulaban competencia de precios, pero las empresas se turnaban para ofertar y resultar adjudicadas, en procesos que el juez calificó como una “puesta en escena”.
La resolución remarca que Spagnuolo ocupó un rol central en el esquema: colocó personas de confianza en cargos clave, supervisó el direccionamiento de las contrataciones y habría recibido pagos ilegales. Entre las pruebas consideradas figuran una máquina de contar billetes hallada en su domicilio y registros de encuentros con operadores externos vinculados al negocio de las droguerías.
Aunque los imputados continuarán en libertad, el impacto económico es significativo. El juez dispuso embargos por más de 202 mil millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos similares para los principales acusados, al tiempo que advirtió que la investigación podría ampliarse ante la posible existencia de “otro nivel de complicidades”.
