FH PRENSA
La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Indec, ocurrida a pocos días del lanzamiento previsto del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), volvió a poner en el centro del debate público la relación entre el Gobierno y el organismo estadístico. Si bien el Ejecutivo intentó bajarle el tono a la salida del funcionario, las tensiones venían gestándose desde hacía tiempo.
El principal punto de conflicto fue la actualización de la canasta del IPC, un proceso técnico largamente postergado que buscaba reflejar patrones de consumo más actuales. La medición vigente se basa en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004 e incluye productos en desuso, mientras que el nuevo índice otorgaba mayor peso a rubros como vivienda, servicios públicos y transporte.
El cambio había sido anunciado en octubre y estaba previsto para comenzar a aplicarse en enero, incluso con respaldo del Banco Central y del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, hace poco más de un mes el Gobierno decidió postergar su implementación hasta que se consolide el proceso de desinflación, estimado para mediados de 2026, una decisión que Lavagna no compartía.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo sostuvo que modificar el índice en este momento no alteraría sustancialmente los resultados y que no era una prioridad. En Casa Rosada, en cambio, admiten que el vínculo con Lavagna estaba desgastado y que su dimisión no resultó inesperada, más allá de las declaraciones públicas de tono conciliador.
Las diferencias no se limitaron al IPC. También hubo fricciones por encuestas vinculadas al turismo y al gasto de divisas, cuyos resultados eran cuestionados por otras áreas del Gobierno. Tras la renuncia, el Ejecutivo expresó respaldo al nuevo titular del Indec, Pedro Lines, a quien definió como un técnico con trayectoria y continuidad dentro del organismo.
