Tartagal: Tiene 12 años y se encadenó en Ciudad Judicial para que no interrumpan su embarazo

Una niña de 12 años, de una comunidad originaria, se encadenó en Ciudad Judicial de Tartagal para evitar la interrupción de su embarazo.

11 de diciembre de 2025AA PRENSAAA PRENSA

TARTAGAL / SALTA. - Una dramática escena se vivió durante la mañana de hoy en el ingreso a Ciudad Judicial, donde una niña de 12 años, perteneciente a una comunidad originaria, se encadenó junto a sus familiares y referentes comunitarios para manifestar públicamente su deseo de no ser sometida a una intervención médica para interrumpir su embarazo. La menor, cuyo embarazo fue noticia por la edad del presunto padre (14 años), se mostró visiblemente conmocionada durante la protesta.

La Postura Oficial: "La Ley es Clara, No Hay Excepciones"

Ante la manifestación, la titular del área de Niñez, Paula Tackzek, brindó declaraciones oficiales, sentando la postura innegociable del Estado.

"Más allá de las manifestaciones de la niña, la legislación es clara: una menor de edad no puede brindar consentimiento para mantener relaciones sexuales, por lo que cualquier vínculo de este tipo constituye abuso sexual, sin excepciones culturales o interpretativas," remarcó Tackzek.

La funcionaria enfatizó que la ley protege a la niña por sobre cualquier manifestación de voluntad que, dada su edad, puede estar influenciada o carecer de la madurez necesaria para comprender la totalidad de las consecuencias.

El Rol del Sistema de Salud y el Acompañamiento Integral

Tackzek también subrayó la importancia de la intervención estatal en estos casos, señalando que el objetivo primordial es asegurar la protección y el bienestar de la menor.

  • Acceso al Sistema de Salud: Es fundamental que la niña y su familia accedan a la atención médica integral.
  • Información y Acompañamiento: Deben recibir asesoramiento completo sobre todos los escenarios, incluyendo las herramientas legales y el acompañamiento psicológico y social.
     
  • Prevención de Riesgos: La funcionaria señaló que ante situaciones de riesgo como esta, se debe garantizar la información para minimizar las complicaciones médicas y sociales.

El caso continúa bajo análisis de la Justicia, que deberá resolver la situación de la menor en el marco de la legislación vigente sobre abuso sexual y derechos de la niñez.

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