En una sucesión vertiginosa, Sergio Lello Sánchez, y el procurador adjunto Ignacio Pasquini renunciaron después de que fueran suspendidos por la Legislatura en el marco de un pedido de juicio político presentado ayer mismo y en cuyo marco se allanaron las oficinas del Ministerio Público de la Acusación.
Nacional03 de octubre de 2025
RM Prensa
La vida pública jujeña se inició ayer con una sucesión de hechos que exhibieron otra arista de las internas que envuelven al Poder Judicial, al Ministerio Público de la Acusación y al poder político en la provincia.
Intempestivamente, en la novena sesión ordinaria en la Legislatura provincial, que se inició antes del mediodía, ingresó un pedido de juicio político contra el procurador general Sergio Lello Sánchez y el adjunto, Ignacio Pasquini. El pedido tuvo un tratamiento veloz, pasó a la Comisión Investigadora, que decidió la suspensión de ambos funcionarios y el allanamiento de las oficinas del Ministerio Público de la Acusación, y, finalmente, se supo que ambos denunciados renunciaron a sus cargos, con lo que juicio político queda sin efecto.
Una serie de hechos explicarían la movida contra Lello Sánchez y el adjunto. Entre ellos, se destaca el escándalo suscitado la semana pasada con la difusión de los chats en los que la jueza de Corte Laura Lamas González; el sacerdote Luis Bruno, acusado por abuso sexual, y el obispo de Jujuy, César Fernández, se ponen de acuerdo para silenciar a la víctima ofreciéndole 10 mil dólares.
En ese sentido el entonces procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, informó la semana pasada que la víctima había denunciado a la jueza y al obispo, y que eran investigados. Negó que la filtración de esos chats hubiera salido desde el Ministerio Público de la Acusación y añadió que al expediente habían accedido también "el Ministerio Público de la Defensa, abogados defensores particulares y el personal de la Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial".
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