El Gobierno ya advirtió que podría recurrir a la Corte Suprema de EEUU y denunció una violación a la ley de inmunidades y a principios de cortesía internacional.
14 de julio de 2025
AA PRENSA
La jueza de Nueva York Loretta Preska definirá este lunes si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que demandaron por la expropiación de la petrolera.
El Gobierno nacional apeló el fallo el jueves ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, según informó Sebastián Maril, el analista que sigue de cerca el litigio en tribunales estadounidenses.
En su presentación, la defensa argentina dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si el fallo vuelve a ser desfavorable.
La Justicia de EEUU ordenó que la Argentina le transfiera el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres demandantes.
Entre sus argumentos centrales, los abogados del país sostienen que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
También mencionan la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de EE.UU., considerada como un respaldo institucional al país durante la administración de Donald Trump.
Por último, la apelación advierte sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte del tribunal que emitió la condena.
Causa YPF: Por qué apelaron los abogados de Argentina antes de tiempo
En respuesta a esa presentación de los fondos, los abogados estadounidenses del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP contratado por la Procuración del Tesoro -hoy a cargo de Santiago María Castro Videla- respondieron con los principales argumentos esgrimidos por la Argentina, que rechazan el fallo de Preska y la entrega de acciones.
Según comentaron fuentes ligadas al caso, los estrategas del estudio apelaron sin aguardar por una definición de Loretta Preska sobre el pedido de “stay” realizado anteriormente. Esta apelación se esperaba para los próximos 15 días, no ahora. Posiblemente, los abogados esperan otro rotundo revés contra el país en este juicio, y una orden de embargo dirigida a instituciones financieras de EEUU. Por ese motivo y para ganar tiempo, decidieron presentar cuanto antes la apelación y que sea un tribunal de alzada el que defina los pasos a seguir.
YPF no forma parte del juicio, ni del proceso en el Segundo Distrito judicial de Nueva York, sino que es uno de los "botines" junto a Vaca Muerta del pleito entre privados y el Estado nacional. YPF no tiene abogados trabajando en el caso, ni forma parte de las negociaciones ni presentaciones oficiales.
De hecho, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, se mantuvo al margen del caso. "Yo soy ejecutivo, empleado de YPF, y Burford hizo un juicio a YPF y al Estado nacional. La jueza Preska falló a favor de YPF, falló en contra de la República. No puedo opinar", apuntó.
Lo que Marín buscó resaltar es que la jueza quitó a YPF del centro del proceso, y focalizó las presuntas irregularidades en el accionar del Estado nacional, en particular, del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Los motivos del rechazo de Argentina a la sentencia de Loretta Preska
En el caso Eton Park, los abogados del Estado hablaron de “la naturaleza excepcional y cuestiones legales sin resolver” y destacaron que se trata de un caso sin precedentes, con un fallo en apelación y fundamentos jurídicos complejos. “Incluso el gobierno de Estados Unidos ha manifestado diferencias con la interpretación del tribunal”, destacan.
El temor del gobierno de EEUU es que el cumplimiento de un embargo forzado de empresas argentinas abra una jurisprudencia internacional que viole las leyes estadounidenses, porque al mismo tiempo permitiría -en un futuro hipotético- que haya algún tipo de reciprocidad y que la Argentina pueda hacer lo mismo -quedarse forzadamente- con alguna empresa o un activo soberano de EEUU.
Otro argumento es el daño irreparable e imposibilidad de cumplimiento legal, ya que ejecutar el “turnover” forzaría a la Argentina a violar su legislación nacional y a perder el control estatal sobre YPF de manera irreversible. Como dijo Kicillof, las acciones de YPF "sólo se pueden entregar por una ley votada por dos tercios del Congreso" como lo establece la ley que se aprobó en 2012 por amplia mayoría parlamentaria.
Por último, se esgrimió la ausencia de perjuicio para los demandantes e interés público. Según la defensa argentina, no existe daño concreto si se suspende la ejecución, dado que la legislación local impide la venta de acciones sin aval legislativo. Además, avanzar con la orden afectaría a terceros no involucrados -como provincias y bonistas- y podría activar cláusulas perjudiciales para YPF.
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