Priscila Corregidor
El proyecto de demolición del mítico estadio Luna Park, presentado por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein, fue aprobado en tiempo récord durante el receso vacacional y sin modificaciones por la Comisión Nacional de Monumentos.
La decisión causó revuelo debido a que el estadio, de notable importancia para la historia deportiva y cultural de la Argentina, tiene prohíbida su demolición por haber sido declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y por estar localizado en un Área de Protección Histórica. Además, tampoco podría tener ni siquiera cambios internos o de volúmen original. Sin embargo, el proyecto aprobado plantea que la capacidad del estadio se extienda de 8.400 a 13.000 espectadores.
DF Entertainment, la empresa de Finkelstein, es quien pretende avanzar con estas transformaciones ya que tiene la concesión del estadio por 40 años. Por el acuerdo que tiene con el Arzobispado local, debe pagarles un millón de dólares por asumir la gestión y el mismo monto todos los años.
La Comisión que aprobó la polémica demolición depende de la Secretaría de Cultura de la Nación y la resolución fue impulsada por su presidenta, Mónica Capano, y por Juan Vacas, el vocal del organismo y actual subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión final la deben tomar el Gobierno porteño y el Papa Francisco, quien atraviesa un delicado estado de salud ocasionado por una neumonía bilateral, en calidad de ser el máximo mandatario de la Iglesia Católica a nivel mundial.
Frente a esta decisión, organizaciones que defienden las estructuras edilicias históricas del paisaje urbano como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler sostienen que el estadio puede ser remodelado sin incumplir las normas de protección patrimonial ni comprometer su valor histórico. Sin embargo, ninguna tuvo respuestas cuando solicitaron acceder al expediente del caso y al acta de aprobación de la demolición.
