La decisión fue formalizada a través del decreto 114. El organismo buscará determinar posibles irregularidades o conductas indebidas por parte funcionarios públicos.
Política20 de febrero de 2025
Priscila Corregidor
El Gobierno habilitó por decreto a la Oficina Anticorrupción (OA) a investigar el caso de la criptomoneda Libra, que había sido difundida por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. El organismo se abocará a evaluar posibles irregularidades o conductas indebidas por parte de funcionarios públicos.
Lo hizo a través del decreto 114, publicado este jueves en el Boletín Oficial. En los considerandos de la normativa, también se dispuso la creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que estará compuesta por especialistas para analizar el trasfondo del polémico proyecto. El organismo estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia y “no irrogará gasto alguno para el Estado”.
“El criptoactivo denominado LIBRA ha generado importantes repercusiones y consecuencias que deben ser esclarecidas con suma urgencia por parte de las autoridades competentes”, se indica en los considerandos del decreto.
Entre sus funciones, la UTI tendrá la facultad de requerir información y documentación a los organismos del sector público nacional, así como solicitar datos a entidades provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y organismos internacionales a través de la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Además, la normativa reza que la unidad deberá “denunciar ante el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos relacionados con los hechos relevados”. Aunque “no podrá emitir juicios sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial”.
El texto del decreto aclara que una vez concluidas las tareas para la que fue creada, la Unidad de Tareas de Investigación será disuelta.
Cuáles son los puntos analizará la Oficina Anticorrupción tras la polémica de la criptomoneda Libra
La Oficina Anticorrupción, que conduce Alejandro Melik, determinará si hubo una violación a la Ley de Ética Pública. Como adelantó TN, entre los puntos que se analizarán se destacan:
Por otra parte, el presidente Javier Milei fue denunciado por una presunta “operatoria criminal” ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El texto habla de ganancias ilícitas de entre 80 y 100 millones de dólares.
Recibió además 112 denuncias en la Argentina que recayeron en los juzgados de María Romilda Servini y Sandra Arroyo Salgado.
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