En alerta por la baja competitividad, los empresarios le reclaman a Milei que acelere la baja de los impuestos

Obligados a competir con los productos importados de otros países, empresarios de distintos sectores alertaron por la alta carga impositiva que soportan en la Argentina y reclamaron al Gobierno que baje tributos para adecuarlos con sus principales competidores.

Según un informe de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), por cada $1000 que se pagan en un comercio, $490 son impuestos; mientras que 11 cámaras del sector metalúrgico advirtieron que soportan en promedio una carga impositiva del 32% sobre el precio en puerta de fábrica, sin IVA. Esto representa más del doble que en Brasil y México, sus competidores más cercanos.

El reclamo no es nuevo, pero la apertura de importaciones encendió aún más las alertas. Con un mercado cerrado, el consumidor se vuelve cautivo, pero con un comercio abierto la competencia desigual se agiganta.

Bajar impuestos fue una de las promesas de campaña del presidente Javier Milei y una de las principales consignas que mantiene al frente de la gestión, pero dice que depende del crecimiento económico. Entre los empresarios creen que llegó el momento de cumplirlo y los reclamos son cada vez más fuertes.

En una entrevista a Forbes, Milei ratificó que impulsará cambios en el sistema tributario nacional para que haya solo seis impuestos, lo que implicaría la eliminación de cerca del 90% de los gravámenes vigentes, según el cálculo del Presidente.

De acuerdo con el vademécum tributario que elabora el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), actualmente hay 46 impuestos que corresponden a esa categoría. Eso significa que para llegar al objetivo propuesto por Milei habría que eliminar unos 41 tributos que se recaudan a nivel nacional.

Una encuesta de Taquion y REF Argentina -hecha a presidentes, gerentes generales, CEOS y CFOS de las principales compañías del país- reveló que la problemática más grave que enfrenta la producción nacional es la alta carga impositiva, tema que se ubicó como la principal preocupación para al 88% de los consultados.

Presión impositiva en el comercio

De acuerdo con el estudio de CADAM, “más allá del tipo de cambio, el problema principal radica en la carga impositiva que enfrentan los consumidores”. Desde la salida de fábrica hasta la venta al consumidor final, los impuestos representan casi el 49% del precio de los productos que se queda el Estado.

En detalle, indicó que una primera oleada de impuestos la reciben los productos a la salida de fábrica, con el 21% de IVA; el 1,5% de ingresos brutos; el 1,2% de la tasa de seguridad e higiene, y el 1,2% de impuesto al cheque.

Una segunda etapa es en la cadena mayorista, en donde se suman 5,5% de ingresos brutos; 1,2% de impuesto al cheque y las tasas de seguridad e higiene que cobran los municipios.

Cuando el mismo producto llega a la cadena minorista, debe afrontar una reiteración de gravámenes: el 1,2% de impuesto al cheque que se vuelve a cobrar, más las tasas municipales de seguridad e higiene de hasta un 6%, y el 5,5% de ingresos brutos nuevamente.

“Este peso impositivo no solo encarece los productos, sino que también afecta la competitividad del país frente a sus vecinos, quienes tienen una carga fiscal significativamente menor”, alertó el informe.

En ese contexto, la cámara empresaria planteó que “la verdadera solución pasa por simplificar y reducir los impuestos en cada eslabón de la cadena de valor y garantizar que los recursos recaudados se utilicen de manera eficiente” y reclamó “transparencia y una reforma profunda”.

“Conocer exactamente cuánto de nuestro dinero va a impuestos es el primer paso para repensar un sistema que debe ser más justo y eficiente para todos”, afirmó.

La pérdida de competitividad por la carga impositiva afecta a la industria metalúrgica

La carga impositiva no solo afecta el precio de los productos que paga el consumidor final, sino que también se convierte en un problema para las empresas argentinas que deben competir en desigualdad de condiciones con sus pares de otros países, según denunciaron 11 cámaras del sector metalúrgico.

De acuerdo con un informe conjunto, los productos metalúrgicos en la Argentina soportan en promedio una carga impositiva del 32% sobre el precio en puerta de fábrica (sin IVA), más del doble que Brasil y México.

Además, indicó que “un tercio de estos impuestos son distorsivos, es decir, que se acumulan en la cadena de valor y que son prácticamente inexistentes en países comparables (débitos y créditos, Ingresos brutos, tasas municipales, sellos/otros)”. Algo similar a lo que planteó el informe de CADAM sobre la reiteración de gravámenes en distintos eslabones de la cadena.

“La Argentina se encuentra en las peores posiciones en los rankings mundiales de competitividad. Esto se explica principalmente por 5 factores: la inestabilidad macroeconómica, la carga impositiva, el costo laboral no salarial, la falta de financiamiento al sector privado y los costos logísticos”, alertó.

En ese último punto, un informe de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), reveló que los costos del transporte de cargas aumentaron 1,7% en diciembre, y cerraron 2024 con un incremento acumulado del 85%. A lo largo del año, Peajes lideró las subas, con un incremento del 380%; seguido por Patentes, 238%; Personal, 190%, y Combustibles, 75%.

En este contexto, las cámaras metalúrgicas plantearon que “trabajar primero en estos factores es clave para una secuencia de integración inteligente al mundo”.

“Las principales economías del mundo están intensificando su estrategia de política industrial con incentivos, promoción y financiamiento, a la vez que incorporan medidas de defensa comercial (dumpings, salvaguardas). De estas medidas, un 40% están relacionadas con actividades metalúrgicas, principalmente contra el comercio desleal de China”, indicaron.

En sintonía con otros rubros que se ven afectados en la competitividad, entre otros factores, por la alta carga impositiva, reclamaron que “las políticas públicas resuelvan los factores que las empresas no podemos controlar”.