El Gobierno de Javier Milei decidió aplazar hasta el 1 de diciembre la entrada en vigencia de las nuevas normativas para las empresas de medicina prepaga. Esta prórroga se oficializó mediante la Resolución 3386/2024 publicada en el Boletín Oficial, tras varios pedidos de las entidades de salud privada.
La norma original, publicada en septiembre, exige que las prepagas apliquen aumentos diferenciados según las zonas de atención y los planes contratados, además de que informen a los usuarios de manera detallada los costos de facturación mensuales.
Desde la Superintendencia de Servicios de Salud se destacó la necesidad de dar un margen adicional para asegurar que las empresas se ajusten correctamente a la normativa, garantizando una implementación eficiente y evitando problemas para los usuarios.
La regulación también establece que los aumentos deben comunicarse cinco días después de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), y las empresas deberán detallar los conceptos que conforman la cuota mensual a sus afiliados.
Con esta decisión, el Gobierno busca promover la transparencia en el sector de la medicina privada y asegurar que las prácticas comerciales sean claras y éticas, en línea con un entorno de mercado competitivo.
