En una audiencia clave, el padre de Darío Monges señaló a los Bejarano como responsables de encubrir a quienes habrían pagado por el crimen. También mencionó la implicación de políticos y exfuncionarios en el caso.
Judicial07 de octubre de 2024
FH PRENSA
Durante el juicio por el homicidio de Darío Monges, su padre, Arnaldo Valentín Monges, hizo graves acusaciones contra la familia Bejarano, señalándolos de encubrir a los autores intelectuales que habrían financiado el asesinato de su hijo. Los Bejarano, según su testimonio, eran amigos cercanos de Darío, pero habrían traicionado esa amistad por dinero.
Arnaldo también detalló la relación laboral que su hijo mantenía con figuras políticas de renombre, como Daniel y Mario Moreno, y con Benjamín Cruz, exsecretario de Seguridad, quien está siendo investigado por tráfico de influencias. Según el padre, Darío realizaba trabajos que incluían viajes a zonas peligrosas, bajo la dirección de Cruz.
El testimonio destacó cómo Darío Monges había podido mejorar su situación económica, incluso mudándose a una nueva casa, gracias al dinero que recibía de estos contactos. Arnaldo no dudó en afirmar que había intereses financieros oscuros involucrados en la muerte de su hijo.
La declaración de los hermanos Moreno en el juicio añadió más confusión, ya que dieron versiones opuestas sobre una reunión crucial con Darío y Cruz. Mientras Daniel afirmó que la reunión tuvo lugar, Mario lo negó rotundamente.
En declaraciones posteriores a la prensa, Arnaldo Monges reiteró que los Bejarano son responsables del asesinato de su hijo, pero que actúan bajo la protección de personas poderosas aún no identificadas.
Ahora el caso se trasladó del terreno mediático al judicial y abrió un frente de consecuencias aún imprevisibles para el Gobierno de Javier Milei.
El vicepresidente de la Corte de Justicia, Fabián Vittar, adelantó que un caso de femicidio en la capital podría inaugurar esta modalidad, aunque aún existe la posibilidad de un juicio abreviado.
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El juicio entró en receso esta semana hasta el próximo martes 2 de septiembre, restando todavía 19 declaraciones.
Ríos relató que la escuela cumplió el protocolo: el 17 de marzo, exactamente cinco meses antes de la tragedia, elevaron una denuncia tras informar al director y a los supervisores sobre las marcas en el cuerpo del niño y la falta de acompañamiento familiar. Sin embargo, faltó acción por parte de entidades destinadas a hacer cumplir los derechos de los niños.
El dolor de esta testigo se refleja en la culpa que hoy arrastra: haber notado señales, haber escuchado a su hija decir que el niño sufría violencia y no haber hecho la denuncia, “no fui a la policía porque su mamá era conflictiva. Por evitar un problema no me quise meter”.
La familia de Brenda Mariel Sly asegura que su muerte no fue un suicidio, sino un femicidio, y pide que se cambie la carátula de la causa mientras la fiscalía continúa con la investigación.
La Jefatura de Gabinete decidirá si el feriado se traslada al viernes 10 o al lunes 13, lo que impactaría directamente en el turismo y la economía. La resolución se conocerá el 1 de septiembre.
Con la Comunicación A 8311, la autoridad monetaria endureció los límites a las posiciones en moneda extranjera de los bancos y prohibió movimientos en el último día hábil del mes.
La Comisión del Concejo Deliberante inició el análisis de las candidaturas. Dos presentaciones llegaron fuera de plazo y otra carecía de la documentación requerida. Además, un aspirante deberá responder a objeciones por presuntas incompatibilidades.
La investigación apunta a presuntas irregularidades en la compra de medicamentos. El juez busca pruebas sobre el rol de Karina Milei y los empresarios Kovalivker en el circuito de retornos denunciado.
El vocero presidencial dijo que las grabaciones forman parte de una operación de desinformación destinada a desestabilizar al Gobierno. “Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada”, advirtió.
Seguridad Vial, Vialidad Provincial y Tránsito del municipio Capital realizan acciones conjuntas que incluyen mayor presencia de efectivos, cartelería de prevención y la instalación de cámaras de control de velocidad. “110 k/h la máxima y 50 k/h la mínima permitida”, detallaron
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El USS Lake Erie se sumó al fuerte despliegue militar de Washington cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.