
El Gobierno nacional decidió que Evo Morales ya no será un refugiado político en el país
Priscila Corregidor
El Gobierno nacional decidió que el expresidente de Bolivia Evo Morales ya no será un refugiado político en el país. A esta condición se le había otorgado el exmandatario Alberto Fernández a los pocos días de asumir como jefe de Estado, en diciembre de 2019, en el marco de la crisis política en el país andino durante el 10 y 20 de noviembre de ese año.
«Se ha dado por finalizada la condición de refugiado de Juan Evo Morales Ayma», anunció el portavoz de Javier Milei en sus redes sociales. De esta forma, Argentina limita sus relaciones con un importante sector político de Bolivia, al cual el peronismo había tendido sus lazos durante muchos años.
El 12 de diciembre de 2019, Evo Morales arribaba al país, junto a otros funcionarios, para recibir el asilo político. El entonces canciller, Felipe Solá, decía lo siguiente: “Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de asilo y asumirán la de refugiados”.
La crisis se desencadenó luego de las acusaciones de fraude electoral contra Morales, que terminaron por confirmarse a través del informe de análisis de Integridad Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el estudio reveló irregularidades en las elecciones generales realizadas en octubre de ese 2019.
Debido a ello, se asiló en México, luego viajó a Cuba y, por último, se dirigió a la Argentina, donde ya se encontraban sus hijos. Ellos ya habían sido recibidos por el gobierno de Mauricio Macri (antes de finalizar su mandato), tras una gestión personal que realizó el propio Fernández.
Ante la ausencia del presidente y vicepresidente Álvaro García Linera, la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, fue proclamada presidenta. La funcionaria, en 2021, fue detenida por los delitos de «sedición, terrorismo y conspiración» por ser protagonista del «golpe de Estado» boliviano y los hechos represivos que desembocaron en las masacres de Sacaba y Senkata



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