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La presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández, notificó la sentencia a las partes y explicó que durante el proceso Argentina reconoció su responsabilidad total en este caso, lo cual fue aceptado por el tribunal internacional que, de todas formas emitió la sentencia y ordenó medidas de reparación.
La CorteIDH determinó que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado a pesar de que conocía la situación de riesgo, no cumplió con su deber de investigar el atentado y su encubrimiento con la debida diligencia y que no brindó a los familiares de las víctimas el acceso real a la documentación de los hechos.
La denuncia, presentada por Memoria Activa, entidad que nuclea a un grupo de familiares de víctimas del atentado terrorista, estuvo patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
