

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Rodrigo Sebastián Cruz, agente de la División de Recursos Humanos de la Dirección de Vialidad, fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
Además, el sentenciado deberá abonar $100.000 a la Dirección de Vialidad de Salta, cuyo monto será abonado en un solo pago, sin perjuicio de las acciones civiles que el organismo público lleva adelante.
La intervención de la UDEC en la causa inició en 2018, cuando la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta informó que vecinos de barrio El Círculo 4 denunciaron que vehículos oficiales de la Provincia de Salta eran vistos reiteradamente descargando bidones de combustible en distintas casas para posteriormente ser ofrecidos a la venta a la gente del lugar.
A través del entrecruzamiento de datos efectuado por los Departamentos de Mantenimiento Vial y Contable Financiero con los equipos de GPS de vehículos a cargo del agente, la UDEC estableció que en el período comprendido entre el 04/05/2018 al 31/10/2018, realizó 84 visitas al barrio El Circulo y 110 visitas al barrio Los Ceibos, en horario laboral y sin autorización del superior jerárquico.
En el mismo período, uno de los vehículos a su cargo, registró un recorrido de 10.273,128 kilómetros, lo que representa un consumo promedio total de 856 litros de gasoil tomando en consideración un consumo medio (ruta-ciudad) de 12 km/litro. Sin embargo, la camioneta registró la carga de 3.714 litros de gasoil, de los cuales sólo habrían sido utilizados 856 litros para recorrer los 10.273.128 kilómetros que marca el equipo de GPS. Lo expuesto relevó un excedente de 2.858 litros y una potencialidad de 34.296 kilómetros que se podrían haber recorrido con dicha cantidad y sobre los cuales no existe ningún tipo de registro.
Tras analizar las distintas pruebas recabadas por los investigadores, Salinas Odorisio consideró que el empleado, en los periodos 2017 y 2018, sustrajo importantes cantidades de combustible destinado para el uso de los vehículos oficiales de la Dirección de Vialidad de Salta y lo trasportaba a domicilios particulares para provecho propio, por lo que lo acusó de delito de peculado.


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