A2 PrensaA instancia de la acusación presentada por la Sede Descentralizada de Orán, el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, hizo lugar a la imputación requerida contra Sofía Chaparro por el delito de transporte de estupefaciente agravado por la calidad de funcionario público del autor.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal José Luis Bruno, titular de esa sede fiscal, y la auxiliar María del Carmen Núñez, quien presentó el caso esta mañana ante el juez, requirió la imputación y solicitó una serie de pericias a fin de avanzar con el caso.
Sobre el hecho, la auxiliar relató lo sucedido este miércoles, entre las 23 y 23.30, cuando Chaparro llegó a la estación de servicio ubicada sobre la avenida Palacios, muy cerca del hospital San Vicente de Paul, en la ciudad de Orán.
Con la ayuda de un video, en el que se observa todo lo sucedido, la funcionaria explicó como Chaparro, acompañada de tres hijos de 9, 13 y 14 años, llegó a la estación de servicio, la que sólo recarga GNC, al volante de un automóvil Ford Fiesta.
Tras ser atendida por el empleado, la acusada permanece cerca del rodado, en tanto, que los tres menores juegan también a metros del lugar. En un momento dado, sin embargo, se produce la explosión del automóvil. A raíz de ello, uno de los menores, de 13 años, resultó herido en uno de sus ojos, por lo que fue asistido, pero la lesión no resultó de gravedad.
Tras la explosión, se observa una nube de polvo blanco y varios “ladrillos” de droga dispersados alrededor del vehículo. En vista de ello, es que la conductora quedó detenida. Además, la fiscalía aportó otros datos que la imputada brindó al personal de la Policía de la Provincia, la que acudió en primera instancia.
Al inicio de la audiencia, cabe señalar, Chaparro reconoció ser integrante de la Policía de Buenos Aires, con el grado de Sargento. Explicó, a su vez, que había viajado desde esa provincia para que sus hijos tuvieran contacto con el padre de los mismos, de quien se separó recientemente y se hallaba en la ciudad de Colonia Santa Rosa, por razones laborales.
En cuanto al vehículo, la fiscalía informó que se trata de un bien que pertenece en un 50 % a la mujer policía y a su ex pareja. En el interior, se secuestraron 5 teléfonos celulares, como así también se pudo establecer que la cocaína, por un peso de poco más de 20 kilos, iba oculta dentro del tubo de gas.
En vista de estas evidencias, la fiscalía formalizó la imputación y solicitó, a su vez, la prisión preventiva de la acusada, lo que fundó en la gravedad del hecho, el riesgo de fuga y entorpecimiento procesal, como así también en la escala penal del caso, la que impide la aplicación del beneficio de prisión condicional.
A su turno, la defensa de la imputada informó que su clienta no iba a declarar, no obstante, solicitó que la medida de coerción requerida por la fiscalía sea morigerada por un arresto domiciliario, para lo cual alegó que la misma debía cuidar de sus hijos, ya que dos de ellos, padecen una discapacidad.
El pedido defensivo fue rebatido por la fiscalía, la que resaltó la envergadura del hecho, el que expuso a los propios menores, el empleado de la estación de servicios y otros conductores a un grave riesgo por la maniobra ilícita llevada adelante por la acusada.
Al resolver, el juez coincidió con los argumentos de la fiscalía, por lo que hizo lugar a la imputación, dio por formalizado el caso, dictó la prisión preventiva y autorizó las pericias, tanto a la droga, el automóvil como los teléfonos secuestrados dentro del rodado.
