Hoy empieza el juicio contra la exdirectora del PAMI en Salta, Verónica Molina, y el exasesor de la ANSES local, Marcos Vera Ramírez. Ambos acusados por concusión agravada, malversación de caudales y peculado.
Ambos dirigentes están imputados por el supuesto cobro a los jefes de distintas agencias de la obra social de los jubilados en la provincia del 20% de sus sueldos que habría sido destinado para la agrupación kirchnerista.
Cabe recordar que este hecho salió a la luz en pleno contexto de pandemia. En el mismo momento en que otros funcionarios públicos fueron descubiertos cobrando de manera indebida la ayuda económica nacional del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) durante el primer año de la pandemia del COVID, en 2020.
En la oportunidad, los acusados habían contado que estaban obligados a realizar "aportes" a La Cámpora. La organización partidaria oficialista no sólo había cooptado las administraciones del PAMI y la ANSES en Salta sino que también hizo lo propio en todas las gerencias de estas instituciones del país, como parte del acuerdo de la coalición que llevó a Alberto Fernández a la presidencia.
Tras esas confesiones, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, inició una investigación que abrió una caja de Pandora.
Descubrió una serie de evidencias, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona el pago de aportes denunciado.
Además, en el peritaje del teléfono celular de una de las exgerentes juzgada por el IFE comprobó que la exigencia del pago del 20% provenían de números telefónicos pertenecientes a Vera y Molina.
