El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre. La decisión llega tres días después de que el Congreso de los Diputados rechazara los dos decretos ley sobre vivienda que el Ejecutivo había aprobado en respuesta a la conmoción social por el desalojo de una mujer de 87 años.
La fecha elegida es la más próxima posible según los plazos de la ley electoral. Sánchez informó al rey Felipe VI la disolución de las Cortes y luego habló desde el Palacio de La Moncloa, donde defendió la gestión de su gobierno de coalición y pidió el apoyo de los votantes: "Debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría progresista mucho más amplia".
"Hace más de tres años, las urnas y el Congreso decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. No ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado navegar en una coyuntura muy difícil", afirmó. Agregó que tuvieron que trabajar con "un Congreso muy bronco en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer", y apuntó contra "élites muy poderosas que quieren controlar el país" y contra lo que llamó "la peor oposición de la historia de la democracia".
El mandatario planteó la elección como una disyuntiva entre sumarse a la "ola ultraderechista" o que España siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental". También se refirió al malestar de una mayoría social que vio "cómo sus intereses son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos".
El caso que desató la crisis
Los decretos se elaboraron tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue sacada de la vivienda donde vivió durante más de siete décadas. Las imágenes de los agentes antidisturbios entrando en la casa y sacándola en camilla recorrieron el mundo y generaron reacciones incluso en la ONU.
Las manifestaciones en su apoyo terminaron en una acampada en la Puerta del Sol que no dejó de crecer. Ya reúne más de 2.000 carpas y se extendió a las calles cercanas. El último fin de semana las protestas llegaron a una docena de ciudades y, solo en Madrid, decenas de miles de personas salieron a la calle el sábado para reclamar una huelga general.
Cómo se cayeron los decretos
El primer decreto incluía protecciones contra los desalojos hasta el 31 de diciembre de 2030, límites a las compras especulativas hasta 2028 y un IVA del 10% para los departamentos de alquiler turístico. El segundo, de un solo artículo, obligaba a los propietarios a justificar la falta de renovación de un alquiler y a indemnizar al inquilino.
El Gobierno negoció hasta último momento, pero solo consiguió el respaldo de Sumar, Podemos y ERC para ambos textos. El PNV y Coalición Canaria acompañaron únicamente el primero. PP, Vox, UPN y Junts votaron en contra.
El voto de Junts resultó determinante. En un principio, el partido de Carles Puigdemont parecía dispuesto a abstenerse en el primer decreto, que recogía varias de sus propuestas. Por eso el Gobierno había separado en un segundo texto la medida que generaba más resistencia en sus filas, la prórroga automática de los alquileres. Finalmente, Junts votó por el "no".
PP y Vox se opusieron desde el comienzo. Sostuvieron que las normas perjudicaban a los propietarios y no resolvían lo que consideran el principal problema del sector, la falta de oferta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó tras la sesión que, después de una legislatura en la que "menos vivienda nueva se ha construido", Sánchez "ha intentado hacer creer que esta situación es responsabilidad de la oposición".
La estrategia socialista
Sánchez pasó el fin de semana en La Moncloa analizando los pasos a seguir junto a sus asesores y miembros del Gabinete, que le recomendaron el adelanto electoral para capitalizar el malestar social por la vivienda.
En las últimas elecciones autonómicas, el PSOE no logró movilizar a parte de su electorado, que optó por la abstención tras los casos de corrupción que salpicaron al partido y al entorno del presidente. En el socialismo creen que convertir las generales en un referéndum sobre la vivienda podría ayudar a recuperar ese apoyo.
En esa línea, el ministro de Transportes, Óscar Puente, escribió este lunes en la red social X: "Votar con V de vivienda o B de Buitre. Esa es la disyuntiva".
Tras el rechazo de Junts, tanto la oposición como los socios del Gobierno le habían pedido a Sánchez que adelantara los comicios. Finalmente, España votará el 29 de noviembre.
