El procurador general de la provincia Pedro García Castiella dispuso la creación de una Unidad Fiscal conformada por el fiscal penal Gabriel González y la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, a fin de que ejerzan de manera conjunta la representación del Ministerio Público Fiscal, dando continuidad a la investigación de hechos denunciados, vinculados a la administración del Monasterio San Bernardo.
Obedece a tal resolución, la inhibición formulada por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, dependencia que venía actuando en la investigación.
El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, es quien investiga la situación de las dos mujeres, integrantes de la comunidad religiosa del convento San Bernardo de la ciudad de Salta, quienes habrían experimentado conflictos con las autoridades del lugar al momento de querer retirarse, informaron ayer desde el Ministerio Público Fiscal.
Una de ellas fue retirada del lugar con orden de allanamiento el pasado martes 20 y la otra se retiró previamente por sus propios medios.
En el marco de la averiguación preliminar iniciada en la Fiscalía, se recibió el testimonio de ambas mujeres, quienes dieron su versión de los hechos.
El Fiscal señaló que se encuentran en cumplimiento diversas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de la situación planteada.
Días atrás, el abogado del Carmelo, José Viola Morosini, aseguró que el Arzobispado de Salta sabía que había hermanas que querían salir.
