AV PrensaLa acusación recayó sobre el abogado Martín Miguel Poma Ovejero, detenido el 1 de julio pasado, luego de descubrir que el letrado se había presentado en defensa de un recluso, sin contar con la matrícula federal correspondiente.
Esto no es todo, pues del examen físico de la credencial que presentó se logró establecer que la misma había sido adulterada, como así tampoco la identidad que aparecía consignada no era la propia, sino la de otro colega. En vista de ello, el juez ordenó la inmediata detención.
A instancia del fiscal general Carlos Martín Amad, de la Unidad Fiscal Salta, el juez de Garantías N°1 Julio Bavio hizo lugar a la imputación penal por los delitos de falsificación de documento y falta de habilitación para representar a un cliente en una audiencia judicial, previstos en los artículos 292 y 247 del Código Penal.
Se logró establecer que la credencial de abogado presentada había sido adulterada y que la identidad consignada en ella no era la propia, sino la de otro abogado. En función de ello, el juez ordenó la inmediata detención, que se mantuvo hasta horas después, cuando se comprobó su verdadero nombre.
A partir de este hecho, el fiscal Amad inició una investigación preliminar que anteayer fue formalizada ante el juez Bavio, quien aceptó los argumentos expuestos por la fiscalía, como también una serie de medidas de coerción requeridas para garantizar el desarrollo del caso.
Sobre la acusación, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó en detalle lo sucedido en la audiencia desarrollada ante el juez de ejecución y sentencia, en la que el imputado Poma Ovejero se presentó para representar los intereses de Gastón Gabriel Roldán.
“Este señor -por el acusado- se identificó con una matrícula federal del interior a nombre de Jesús Nicolás Graneros, credencial que presentaba signos evidentes de haber sido adulterada”, sostuvo el fiscal en referencia a las razones por la que se ordenó, en ese momento, su detención.
Entre las medidas diligenciadas para determinar su verdadera identidad, describió la toma de huellas dactilares, la verificación en su domicilio particular a través de familiares y la constatación de su lugar de trabajo, lo que permitió corroborar que “no era quien decía ser”.
