Guarino es el joven que acompañaba en el viaje a Villa Gesell a los acusados y que pasó tres semanas preso por el hecho comenzó su exposición.
También están citadas las madres de dos de los rugbiers, Máximo Thomsen y de Blas Cinalli.
La Municipalidad de Salta, junto a productores locales, visitará el barrio Limache, para ofrecer productos de la canasta básica a precios promocionales. La atención de la propuesta será este martes, de 10 a 16, en avenida Rallé esquina Coquena.
En un comunicado por redes sociales, el Ministerio de Capital Humano mostró el reporte de pago que se realizó a las Universidades a menos de 24 horas de la Marcha Federal.
En un mensaje grabado, el Presidente hizo un repaso de los números fiscales del primer trimestre del año. Lo había anticipado ante empresarios en el foro Llao Llao. Estuvo acompañado por parte del gabinete económico.
Bajo el lema “en defensa de la Universidad Pública, la ciencia y la educación” se llevará a cabo a nivel nacional una manifestación a las 16. En Salta la concentración será en el Monumento 20 de febrero.
Según señalan preocupa la procedencia y la falta de habilitación sanitaria local del producto envasado en Yacuiba.
La víctima es la propietaria de una cadena de supermercados con sucursal en el Ramal. Se presume que sería una emboscada ya que la mujer llevaba cajas con recaudación en el interior del vehículo.
El inicio de clases en la Escuela Virgen de Luján, ubicada en Embarcación, se vio afectada por la presencia de esta víbora. Desde el establecimiento comenzaron a desinfectar y desmalezar.
“Un país que no invierte en ciencia, renuncia a su soberanía”, aseguró la presidente de la Federación Universitaria Argentina, Piera Fernández. Desde la Casa Rosada dijeron que la movilización fue “incentivada por la política”.
Como sucedió días atrás con el arquero Sebastián Sosa, la institución de Liniers le puso fin al vínculo de los jugadores que cumplen prisión domiciliaria en Tucumán.
La medida de fuerza iniciará a las 00.00 del viernes 26 de abril, reclamando que SAETA traslade a los prestadores los aumentos al valor del boleto. Aseguran que "no hay seguridad jurídica".