Luego de nueve audiencias presentando evidencias, el Fiscal Federal Diego Luciani concluirá este lunes sus alegatos en el juicio oral que se investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, a favor del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos kirchneristas.
El Fiscal pedirá que la vicepresidente Cristina Kirchner sea condenada, además de solicitar una pena de prisión, planteará la inhabilitación a ejercer cargos públicos de por vida.
En la audiencia del pasado viernes, Luciani y el fiscal Sergio Mola señalaron que CFK fue la jefa de una asociación ilícita durante sus mandatos, y el de Néstor Kirchner, un armado ilegal para que Báez reciba obras que no finalizó y que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas.
De acuerdo al artículo 174 del Código Penal, el delito de fraude en perjuicio de la administración pública prevé una pena de dos a seis años de prisión y establece que el culpable, “si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. De esta forma, Luciani fundamentará la condena a la vicepresidente y que no pueda volver a ejercer cargos en el Estado.
La expectativa para esta jornada es cuántos años de prisión pedirá la Fiscalía. La pena de cárcel puede variar entre la escala de años que tiene cada delito, en el caso de Cristina Kirchner los de asociación ilícita y fraude en perjuicio de alguna administración pública. La pena puede ser de 7 a 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de cada delito.
Entre los imputados en la causa están también el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner (primo de Néstor Kirchner).
De Vido, López y Periotti fueron acusados de ser los supuestos organizadores de una asociación ilícita para beneficiar a empresas de Báez a través de maniobras que habrían perjudicado las arcas del Estado.
Además están imputados el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
Las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas -que reclamarán la absolución de los acusados- comenzarían con la exposición del abogado que representa a Lázaero Báez, mientras que el turno de los defensores de la vicepresidenta llegaría recién en el sexto lugar, según el orden alfabético de los imputados.
Tras el pedido del fiscal, será el TOF 2 de Comodoro Py, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el que decida condenar o no a la vicepresidenta y el resto de los acusados. A los dos primeros y al fiscal Luciani la defensa de CFK los recusó, lo que fue rechazado. La expectativa del tribunal es dar a conocer el veredicto antes de fin de año.
No obstante, para que se concrete la condena, debe quedar firme y ser ratificada primero por la Cámara de Casación y después por la Corte Suprema. Y teniendo en cuenta los tiempos del proceso y de la propia justicia, eso no ocurriría en el período electoral de 2023, con lo cual Cristina Kirchner podría presentarse nuevamente como candidata.
La expresidenta había cuestionado el método utilizado por los peritos de la Corte Suprema para definir el monto a devolver por los delitos cometidos.
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