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Se emitió diez condenas a prisión perpetua y otras nueve de entre 4 y 22 años de cárcel para 19 ex miembros de Fuerzas Armadas y de seguridad acusados en la megacausa "Campo de Mayo" por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Judicial07 de julio de 2022
AV Prensa
El Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín les impuso penas de entre perpetua y cuatro años de prisión a los 19 acusados. La lectura del veredicto había comenzado con el repaso de los nombres de todas las víctimas.
Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, integrantes del TOF, consideraron que los hechos juzgados "son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y en consecuencia son imprescriptibles", al leer el veredicto del proceso oral y público sobre los ex integrantes del Ejército, la Armada, la Gendarmería y la Policía Bonaerense.

Diez de los 19 imputados fueron sentenciados a cadena perpetua y los otros 9 tuvieron condenas de entre cuatro y 22 años de prisión, por lo cual no hubo ninguna absolución.

La megacausa "Campo de Mayo" es emblemática por la envergadura del centro clandestino de detención que funcionó allí y la cantidad de prisioneros que pasaron por el lugar.
En el predio, de más de cuatro mil hectáreas, hubo presos políticos en diversos sitios, como "El Campito" o "Los Tordos", "Las Casitas" o "La Casita", el Hospital Militar con su maternidad clandestina y la prisión de Encausados.

En el alegato, la fiscal Gabriela Sosti estimó que pasaron por Campo de Mayo más de 6.000 personas y que hubo un nivel de sobrevivencia menor al uno por ciento.


La Justicia avanza en una causa por presunta apropiación indebida de aportes a la seguridad social. La medida incluye al presidente de la AFA, a su tesorero y al resto de la mesa directiva.

En total, son seis los condenados: el líder y su pareja como jefes de la asociación ilícita, tres hijos de ella y uno de los yernos. El clan comenzó a operar en 2011 con transportes de 100 a 200 kilos de drogas que iban a Santiago del Estero y Córdoba, entre otras provincias. Para blanquear las ganancias, realizaron distintas inversiones, como la adquisición de inmuebles, vehículos y otros bienes.

El Tribunal Oral Federal N°7 celebra la audiencia número trece del proceso, marcada por la internación de la ex presidenta y el cierre de la lectura de la acusación de la UIF sobre el entramado de sobornos en la obra pública.

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La decisión fue tomada "vista la agresión militar extranjera suscitada" y "que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros".

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