La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, los imputó provisionalmente por los delitos de peculado y falsificación de instrumento público. Los cuatro se abstuvieron de declarar.
Judicial 03 de junio de 2022
RMU - prensa3
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente por los delitos de peculado y falsificación de instrumento público a los cuatro hombres detenidos ayer en el marco de una investigación relacionada con la entrega de manera ilegal de vehículos secuestrados por la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT).
Tres de los detenidos son empleados del organismo, cumpliendo funciones de inspectores dos de ellos y el tercero de administrativo; mientras que el cuarto detenido es chofer de un remís ilegal.
Durante la audiencia de imputación, los cuatro se negaron a declarar. Tres de ellos fueron asistidos por abogados particulares y uno por un defensor Público.
Cabe recordar que ayer, personal de la Unidad de Delitos Económicos del CIF allanó los domicilios de los cuatro detenidos y secuestró celulares y numerosa documentación de interés para la causa.
La investigación de la UDEC inició luego de que el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, denunciara que había tomado conocimiento del faltante de un automóvil secuestrado en una de las playas de la AMT. Al revisar las cámaras de seguridad observó el arribo de un hombre que le entregó un papel al guardia, sacó el auto y se retiró del lugar.
Tras comprobar que la orden de liberación del vehículo había desaparecido, el presidente de AMT inició una investigación interna que le permitió descubrir que los expedientes de entre 148 y 160 vehículos confiscados habían sido eliminados del sistema informático, por lo que radicó la denuncia correspondiente.
Los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos del CIF, tras reunir distintas pruebas, identificaron a cuatro empleados que estarían involucrados en la entrega de los automóviles de manera ilegal a cambio de una suma de dinero.
Por ello, la fiscal de UDEC solicitó al Juzgado de Garantías 8 el allanamiento de las viviendas de los cuatro empleados y su detención a fin de poder esclarecer el hecho.
El hecho sucedió hace dos años. Fue condenada a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos durante cinco años.
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