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La Unidad Fiscal integrada por María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín pidió que avance hacia el juicio la causa contra policías acusados de apremios ilegales y otras irregularidades cometidas durante la investigación de los homicidios de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurridos en Salta en 2011.
El planteo fue realizado durante una audiencia convocada por la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU-JUI) para definir la admisión de la prueba que será producida en el proceso. La audiencia estuvo a cargo del tribunal integrado por los jueces Leonardo Feans, Eduardo Sangari y la jueza Gabriela González.
Los imputados que comparecieron fueron Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez y Rodrigo Emmanuel Bautista. También está acusado Ferraoti, quien no asistió a la audiencia.
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Entre los denunciantes por los presuntos apremios estuvo Gustavo Orlando Lasi, condenado por los homicidios de Bouvier y Moumni, quien fue trasladado bajo custodia. También comparecieron Francisco Ariel Tejada y Nelson Ricardo Vilte Laxi. Daniel Octavio Vilte Laxi no estuvo.
Al comenzar la audiencia, las defensas solicitaron la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de los acusados, argumentando una afectación del denominado plazo razonable. También pidieron suspender el avance del proceso hasta que quedara firme la resolución sobre ese planteo.
El fiscal penal Daniel Espilocín rechazó el pedido y señaló que la cuestión ya fue analizada judicialmente. Recordó que el Tribunal de Impugnación, mediante una sentencia del 17 de septiembre de 2025, confirmó la resolución del Tribunal de Juicio del 15 de mayo de ese año, que había rechazado la insubsistencia de la acción penal luego de analizar la duración del proceso.Además, Espilocín vinculó la investigación por los apremios con el caso de los homicidios de las ciudadanas francesas y mencionó la existencia de una actuación judicial en Francia. Advirtió que la falta de resolución de la causa mediante un debate oral y público podría generar responsabilidad para el Estado argentino, por lo que solicitó rechazar los planteos defensivos.
A su turno, la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, remarcó que la insubsistencia de la acción penal constituye una medida extraordinaria y excepcional. Destacó que se investigan hechos atribuidos a efectivos policiales durante la pesquisa por el crimen de las turistas francesas, con derechos fundamentales y cuestiones de relevancia institucional involucrados.
Sodero Calvet sostuvo además que una eventual demora estatal —que afirmó que no se produjo en este caso— no puede derivar en la impunidad de los hechos investigados.
El Tribunal pasó a cuarto intermedio y dispuso que la Oficina Judicial fije otra audiencia para comunicar su decisión sobre el pedido de extinción de la acción penal.
