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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa que investiga un presunto lavado de activos vinculado a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá salir del fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires. Por orden del máximo tribunal penal, el expediente regresará al juzgado federal de Campana, a cargo del magistrado Adrián González Charvay, con el objetivo de garantizar el principio constitucional del "juez natural" y agilizar el proceso judicial.
La investigación tiene como eje central una lujosa casaquinta en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, que fue adquirida a través de la sociedad "Real Central". Los dueños de esta firma, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, son apuntados por la Justicia como presuntos testaferros debido a que no poseen los ingresos necesarios para justificar semejante inversión. Durante los allanamientos en la propiedad, se hallaron objetos pertenecientes al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, además de un galpón oculto con 54 vehículos de alta gama y de colección tasados en casi 4 millones de dólares.
En un extenso fallo de 83 carillas, los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña (con la disidencia formal de Alejandro Slokar) argumentaron que el fuero penal económico tiene una competencia especializada muy específica fijada por ley, la cual no incluye al delito de lavado de activos. Al tratarse de una figura de competencia estrictamente federal, la Cámara ordenó remitir todas las actuaciones sin dilaciones a la jurisdicción de Campana para que continúe la pesquisa de inmediato.
