En medio de la disputa que enfrenta a los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque, la defensa del principal imputado le hizo un pedido a la Justicia: que el juez habilite la feria judicial de invierno para resolver de inmediato sobre dos cuestiones patrimoniales que llevan meses sin respuesta.
Piccirillo solicitó que el juez dé la autorización para alquilar un departamento ubicado en el Complejo Residencial Yacht Nordelta con el objetivo de generar ingresos mientras cumple su prisión domiciliaria en Banfield.
El escrito, al que tuvo acceso TN, recordó que estas peticiones ya fueron formuladas el 30 de junio junto con la solicitud del cese de la prisión preventiva. Ahora, con el inicio de la feria, la defensa reclamó que no se postergue hasta agosto la decisión sobre estos pedidos.
Los abogados del exmarido de Jésica Cirio remarcaron que el alquiler del departamento de Nordelta tiene carácter alimentario, ya que “está destinado a la manutención de mi asistido y de su grupo familiar, entre ellos, una hija menor de edad a su cargo”, lo que compromete además el interés superior del niño.
Además, la falta de empadronamiento del locatario ya generó problemas reales: “el nombrado ha recibido ya dos intimaciones formales de su inquilino y del letrado de éste, quienes han anunciado que se presentarían en esta causa y han formulado reserva de accionar patrimonialmente en su contra”.
En cuanto a los embargos, la defensa de Piccirillo aseguró que son desproporcionados. Concretamente, sobre el financista pesan un embargo de $900.000.000, el embargo sobre tres inmuebles de Nordelta, una inhibición general de bienes y una caución real de $100.000.000.
“El embargo recae sobre el valor del inmueble y lo sigue aunque se lo alquile; la inhibición general afecta la facultad de disponer o gravar, no la de administrar y percibir frutos”, reiteró la defensa.
En esa línea, los abogados pidieron reducir el embargo a $200.000.000, sustituirlo por un depósito judicial ya ofrecido, levantar las anotaciones sobre los inmuebles, devolver la caución y levantar la inhibición general por resultar subsidiaria y no corresponder cuando existen bienes suficientes.
“Por motivos que desconocemos, V.S. está demorando meses en resolver cuestiones que son ajenas al objeto de la pesquisa y que en nada modifican su situación procesal, dejando a Piccirillo en un estado de indefensión que justamente el tribunal debería conjurar”, se lee en el escrito.
La fiscalía se opone a su libertad condicional
Semanas atrás, el fiscal federal Franco Picardi se opuso al pedido de Piccirillo para que cese la prisión domiciliaria. Ahora será el juez Ariel Lijo, a cargo del expediente, quien deberá resolver si mantiene o modifica la situación procesal del empresario.
La postura del representante del Ministerio Público Fiscal llega después de que la defensa de Piccirillo presentara un extenso escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 en el que solicitó el cese de la prisión preventiva, la inmediata libertad del imputado y una reducción de las medidas patrimoniales dispuestas en la causa.
Como alternativa para el caso de que no prosperara el pedido de libertad, la defensa requirió modificar el domicilio donde Piccirillo cumple el arresto. Actualmente permanece detenido en un departamento de Banfield con vigilancia electrónica, pero sus abogados pidieron autorización para que continúe la medida en la vivienda de su nueva pareja, Florencia Epelbaum, ubicada en el barrio de Núñez. También solicitaron que esa dirección permanezca bajo reserva.
En otra presentación incorporada al expediente, Piccirillo denunció supuestas filtraciones de información de la causa y un “sostenido hostigamiento mediático”. Según el escrito, las decisiones judiciales y las diligencias de investigación se publican con frecuencia antes de que su defensa sea notificada
La defensa afirmó además que Piccirillo cumple una “condena anticipada” y en la construcción de un “juicio paralelo”.
Piccirillo permanece bajo prisión domiciliaria en la causa que investiga el supuesto operativo realizado en el Palacio Duhau, en el que, según la acusación, policías habrían detenido a Hauque y a su esposa Anahí Aquino tras un procedimiento en el que se les habría plantado un arma y dos kilos de cocaína. De acuerdo con la investigación, el episodio habría estado vinculado a un conflicto por una presunta deuda de seis millones de dólares.
