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La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió que el transporte urbano y suburbano del interior del país atraviesa una situación crítica y alertó que, si no aparecen soluciones en las próximas horas, podrían registrarse restricciones o cancelaciones de servicios desde el lunes 22 de junio.
Según la entidad, la crisis responde a una combinación de factores que incluyen el aumento sostenido de los costos operativos, el incremento del precio de los combustibles, tarifas que consideran insuficientes para cubrir gastos y la falta de renovación de las flotas durante los últimos años. A ese escenario se suman atrasos en el pago de fondos y compensaciones que deben transferir tanto el Estado nacional como distintas provincias.
Desde FATAP sostuvieron que el sistema de transporte del interior enfrenta una situación límite y remarcaron que muchas empresas ya no pueden absorber los costos necesarios para mantener la operación habitual.
La federación también advirtió sobre el impacto laboral de la crisis. Según sus estimaciones, entre 2024 y 2026 se perdieron entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo vinculados al transporte automotor de pasajeros en el interior del país. Además, señalaron que la imposibilidad de renovar unidades obligó a extender la vida útil de los vehículos, lo que repercute en la calidad del servicio.
En paralelo, las empresas enfrentan un conflicto salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). De acuerdo con FATAP, algunas compañías tienen dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo correspondiente a junio, mientras que otras evalúan abonarlo de manera desdoblada.
“La idea es no perjudicar a los usuarios, pero hemos llegado a una situación límite y necesitamos que el problema se aborde de manera integral y urgente”, señalaron desde la entidad. “Así no se puede seguir, la crisis del transporte en el interior es cada vez peor”, agregaron.
Otro de los reclamos apunta a los programas de compensación destinados a financiar descuentos para distintos grupos de usuarios, entre ellos jubilados, beneficiarios de becas Progresar, amas de casa y veteranos de Malvinas alcanzados por los Atributos Sociales de la tarjeta SUBE.
Según FATAP, existen incumplimientos y demoras en la transferencia de esos recursos, lo que obliga a las empresas a financiar con fondos propios beneficios definidos por políticas públicas.
