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Al inicio de la jornada, los abogados defensores del jefe comunal realizaron tres planteos preliminares ante el magistrado interviniente, a los cuales el juez rechazó dos de las presentaciones por tratarse de cuestiones ya resueltas en instancias anteriores y postergó la resolución del tercer requerimiento hasta constatar una notificación formal.
Vale indicar que la causa penal se originó a partir de una denuncia presentada por el expresidente del Concejo Deliberante de La Merced, Santiago Huerga, junto a un grupo de ediles locales, con una acusación por el delito de peculado que sostiene que, en septiembre de 2020 se efectuaron transferencias sin justificación desde la cuenta bancaria de la Municipalidad hacia cuentas personales de tres exconcejales.
Respecto al cargo por incumplimiento de deberes de funcionario público, la fiscalía señaló que el mandatario suscribió un contrato de comodato con una asociación civil para ceder un inmueble del predio del matadero. Esta operación se habría realizado sin la licitación previa ni la autorización del cuerpo legislativo que exige la Carta Orgánica municipal.
Cabe recordar que, de forma paralela a este proceso por presunta corrupción, el jefe comunal se encuentra involucrado en las instancias previas de un juicio civil derivado de un siniestro vial ocurrido en la localidad, caso correspondiente al fallecimiento de Tomás Alancay, un niño de cinco años que perdió la vida tras ser embestido por un vehículo oficial mientras circulaba en bicicleta.
Los asesores legales de la familia de la víctima detectaron y notificaron movimientos patrimoniales recientes por parte del funcionario luego de vencerse los plazos de la mediación obligatoria: según las constancias recabadas, Wayar inició transferencias de sus bienes inmuebles y vehículos particulares hacia la titularidad de una hermana y otros familiares.
