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La resolución se adoptó durante una audiencia flexible y multipropósito, en la cual el magistrado concedió el beneficio de la suspensión del juicio a prueba requerido por la fiscal Penal Juvenil 2, Carolina Hernández. Del acto participaron también el defensor oficial Penal Juvenil 2, Adolfo Sánchez Alegre, la asesora de Incapaces 3, María Gabriela Cardón, y la madre del adolescente.
Entre las obligaciones impuestas al joven se destaca la realización de disculpas públicas dirigidas a las autoridades del establecimiento educativo en sus tres turnos. Asimismo, como medida de carácter pedagógico, el menor deberá relatar ante sus compañeros de aula la experiencia vivida y las consecuencias de su tiempo de detención, debiendo la institución organizar la logística necesaria para el cumplimiento de dicha actividad. En concepto de reparación del daño, se dispuso que la familia del joven realice una donación mensual de una suma fija de dinero a favor del Instituto Especializado de Alojamiento 1.
Por otra parte, el magistrado ordenó que el adolescente se someta a un tratamiento psicológico por el término de un año, período durante el cual deberá acreditar buena conducta y abstenerse del consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas. Al finalizar la audiencia, el juez dispuso la inmediata libertad del joven, quien fue entregado bajo responsabilidad legal a su madre.
