El Gobierno celebró la aprobación de cambios en la Ley de Glaciares, que Diputados sancionó por 137 a 111 votos, y que habilita a las provincias a definir qué explotaciones podrán desarrollarse en zonas glaciares y periglaciares. La Oficina del presidente Javier Milei destacó que la norma “elimina las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso”.
En el comunicado el Gobierno les agradeció a los gobernadores y legisladores que impulsaron la sanción de los cambios en la ley, además de destacar las gestiones de funcionarios.
La Oficina del Presidente celebró “la sanción de la Cámara de Diputados y la aprobación definitiva del Congreso de la Nación al proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que impulsa la precisión de la norma vigente a fin de garantizar seguridad jurídica y darles poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.
El comunicado dijo que se trata de una “reforma histórica, que aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley".
La Oficina del Presidente advirtió que la legislación vigente “era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger". Consideró que “eso llevaba a conclusiones contrarias al artículo 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (artículo 124)”.
El Gobierno mencionó que “estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan)”. Destacó que “la reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista”.
El comunicado planteó que los cambios en la ley, “al eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso, reafirman que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera”.
La Oficina del Presidente habló de “intentos de interferencia de organizaciones extranjeras que fracasaron” y dijo que “los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”. Planteó que “las agendas que buscan impedir el progreso de los argentinos encontraron en este Gobierno su mayor enemigo”.
El Presidente les agradeció “a los diputados y senadores que acompañaron esta reforma” y expresó “un especial reconocimiento a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), así como a la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy, al Secretario Coordinador de Minería y Energía, Daniel González y al Secretario de Minería, Luis Lucero, y sus respectivos equipos, quienes, en conjunto, trabajaron durante un año en la elaboración y redacción de esta reforma”.
El Gobierno habló de un “esfuerzo coordinado que permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido” y consideró que, a partir de ahora, la Argentina “vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”.
