El Gobierno apeló ante la Corte Suprema la restitución de la pensión a Cristina Kirchner

El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, presentó un recurso extraordinario contra el fallo que ordenó devolver la asignación vitalicia a la ex presidenta, al sostener que existe una prohibición legal ante condena penal firme e inhabilitación perpetua.
Judicial18 de febrero de 2026FH PRENSAFH PRENSA

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), interpuso un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para que revise la sentencia que ordenó restituir la pensión por viudez a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fallo cuestionado fue dictado por la Cámara Federal de la Seguridad Social y había dejado sin efecto la resolución administrativa que dio de baja el beneficio.

La presentación oficial, que responde políticamente a la ministra Sandra Pettovello, sostiene que la sentencia incurrió en una errónea interpretación del régimen legal aplicable. Según el planteo, existe una prohibición expresa para percibir este tipo de asignaciones en casos de condena penal firme con inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

El eje del debate radica en la naturaleza jurídica de la asignación vitalicia que perciben los ex mandatarios y sus derechohabientes. El Gobierno argumenta que no se trata de una jubilación contributiva con finalidad alimentaria, sino de un beneficio honorífico y graciable otorgado en reconocimiento al desempeño en la función presidencial.

Desde esta perspectiva, la condena firme dictada en la denominada “Causa Vialidad” implicaría una “indignidad sobreviniente” incompatible con el mantenimiento de una distinción de carácter honorífico financiada por el Estado. Para la postura oficial, la sanción penal no solo tiene efectos personales, sino que afecta el sustento ético que justificó el otorgamiento del beneficio.

Además, el recurso cuestiona la medida cautelar que ordenó restituir el pago mientras se resuelve la cuestión de fondo. El Gobierno sostiene que la Cámara adelantó los efectos de una eventual sentencia definitiva sin que se acreditara un perjuicio irreparable, por lo que ahora será la Corte Suprema la que deberá definir si admite el planteo y revisa el fallo.

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