Cruce entre la AFA y la IGJ: Tapia rechazó la intimación y defendió los balances

La entidad madre del fútbol argentino negó incumplimientos, cuestionó la falta de notificaciones formales y defendió el cambio de jurisdicción aprobado bajo supervisión estatal.

Nacional13 de enero de 2026FH PRENSAFH PRENSA
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La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) sumó un nuevo capítulo tras la respuesta oficial del organismo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia. En su descargo, la AFA desestimó las críticas del Gobierno nacional y negó haber incurrido en irregularidades administrativas o contables.

La intimación de la IGJ exige explicaciones sobre partidas contables globales que, según el organismo de control, superan los USD 450 millones acumulados en los últimos ocho años. El inspector general Daniel Roque Vítolo sostuvo que esos montos carecen del debido desglose y que las observaciones realizadas en reiteradas oportunidades no fueron respondidas por la AFA ni por la Liga Profesional.

Sin embargo, la AFA aseguró que jamás fue notificada de manera válida sobre la mayoría de esas observaciones. Según indicó, presentó balances, informes y documentación respaldatoria dentro de los plazos legales y obtuvo regularmente certificados de vigencia y domicilio emitidos por la propia IGJ, en los que se constató el cumplimiento de sus obligaciones formales.

En relación con el cambio de jurisdicción, uno de los puntos más cuestionados por el Gobierno, la entidad explicó que el proceso se realizó conforme a la normativa vigente y bajo fiscalización oficial. La asamblea que lo aprobó contó con veedores de la IGJ y fue posteriormente avalada por la autoridad provincial competente, que notificó formalmente el traslado.

Mientras la IGJ evalúa la posibilidad de proponer la designación de un veedor contable si no hay una respuesta satisfactoria antes del 20 de enero, la AFA insiste en que las diferencias deben resolverse por los canales institucionales. La entidad considera que las acusaciones públicas sin respaldo documental constituyen una forma de presión indebida y sostiene que el conflicto expone una disputa política de fondo.

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