2026: Nación destinará a Educación el porcentaje más bajo del PBI en 20 años

El Estado nacional invertirá el 0,75% del PBI en educación en 2026, según el proyecto de Ley de Presupuesto que elaboró el Poder Ejecutivo y se está discutiendo en comisiones en el Congreso. La cifra consolida el retroceso del financiamiento educativo nacional, que en 2016 representó 1,52% del PBI: más del doble. Nación aporta el 25% del presupuesto educativo público; el restante 75% lo afrontan las provincias, que también han reducido sus recursos.

El último informe de Argentinos por la Educación analiza el presupuesto educativo nacional 2026 según lo previsto en el proyecto de ley del oficialismo. El documento fue elaborado por Javier Curcio, economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de UBA y CONICET, junto con María Sol Alzú y Martín Nistal.

Para el año que viene se espera una recuperación del presupuesto educativo nacional de entre el 4,4% y 8% con respecto a 2025, siempre y cuando se cumplan las previsiones de inflación anual para 2026, de entre 17,8% (según el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA) y 13,8% (según el Gobierno).

Sin embargo, los fondos asignados para 2026 quedan muy lejos de compensar los recortes de los últimos dos años: la inversión nacional en educación en 2025 será la mitad (50,9%) de la inversión realizada en 2023, según surge del crédito vigente en el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía.

En pesos constantes de 2025, el Estado nacional destinará este año $6,2 billones a la función “Educación y Cultura”; en 2023 había destinado $12,3 billones (una cifra que ya estaba por debajo del pico de $12,9 billones de 2015, el año de máxima inversión educativa, cuando la Nación destinó a la educación el 1,59% del PBI). La proyección para 2026 es invertir $6,8 billones.

El gasto educativo nacional (en pesos constantes de 2025) muestra una etapa de estabilidad entre 2013 y 2017, seguida de una caída sostenida desde 2018 hasta 2020, una recuperación parcial entre 2021 y 2023, y una fuerte contracción en 2024 que se profundizó en 2025, según repasa el informe.

Según el proyecto oficial, el año 2026 consolida un piso en la participación de la inversión educativa nacional dentro del PBI, luego de las marcas de 2025 (0,73%) y 2024 (0,88%), las más bajas de los últimos 20 años. Para volver a encontrar una inversión nacional menor al 1% hay que remontarse a 2005 (0,92%), cuando se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo.

“Hay una reversión de más de dos décadas de la inversión educativa”, explicó Javier Curcio, coautor del informe, a Infobae, si bien aclaró que la comparación interanual entre 2026 y 2025 también sugiere el inicio de una posible recuperación “del profundo ajuste que caracterizó al sector educativo durante los últimos años”.

El informe menciona que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 exige destinar al menos el 6% del PBI a educación (sumando los aportes de Nación y provincias), una meta que solo se cumplió en el año 2015.

Ese incumplimiento es una responsabilidad compartida de la Nación y las provincias: si bien los datos públicos de gasto educativo provincial llegan hasta 2023, la evolución de los salarios docentes –que representan alrededor del 90% de los presupuestos educativos provinciales– evidencia que el recorte también se dio en las jurisdicciones. En los últimos 10 años, los salarios docentes disminuyeron en todas las provincias: la caída supera el 40% en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, según datos oficiales analizados por el economista Alejandro Morduchowicz.

“Es imprescindible recuperar el consenso político y social en torno a la asignación prioritaria y estable de recursos para la educación con la legitimidad que otorga la aprobación parlamentaria”, sostuvo Curcio, y destacó la necesidad de “reglas claras, previsibilidad y un acuerdo federal que reinstalen el compromiso del país con la educación y la ciencia, sosteniendo el financiamiento adecuado, efectivo y sostenible”.

Universidades y plan de alfabetización

Si se analiza la partida destinada a la Secretaría de Educación, se observa que los recursos aumentarán entre 3,6% y 0,1% con respecto a 2025 (según la proyección inflacionaria del Gobierno o del BCRA). Con una variación nominal de 17,9%, la Secretaría se ubica cuarta entre las áreas del Estado con mayores incrementos, superada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (78,9%), Obligaciones a cargo del Tesoro (30,6%) y el resto de las áreas del Ministerio de Capital Humano (20,1%).

Desde 2023 los recortes nacionales afectaron más a los fondos para educación obligatoria –nivel inicial, primario y secundario– que para las universidades. En 2026, las universidades recibirán el 77% del presupuesto de la Secretaría de Educación: son 2,1 puntos porcentuales menos que en 2025, cuando se les asignó el 79,1%. El proyecto oficial, presentado en septiembre, no tuvo en cuenta la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), promulgada en octubre pero suspendida por decreto, una decisión que fue judicializada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la UBA. Desde el sector universitario denuncian un deterioro salarial que ronda el 30% desde 2023.

Por debajo de las universidades, la segunda partida más importante es el Plan Nacional de Alfabetización, que recibirá el 9,2% de los recursos de la Secretaría de Educación, con un crecimiento real mayor al 60%. En 2026, los fondos del Plan Nacional de Alfabetización estarán destinados centralmente a la ampliación de la jornada extendida: esa política –lanzada en 2022 a través de una resolución del Consejo Federal de Educación– recibirá el 82,1% de los recursos asignados al plan. Desde su lanzamiento, esta iniciativa (llamada originalmente “Hora más”) fue pensada para fortalecer la enseñanza de Lengua y Matemática en las escuelas primarias.

El informe de Argentinos por la Educación señala el “cambio en las prioridades” del plan, que se enfocará ahora en la extensión de la jornada escolar. En paralelo, verá reducidos en un 25,2% (nominal) los fondos para formación docente con respecto a 2025, y tendrá variaciones por debajo de la inflación proyectada en rubros como materiales educativos (7,8%) y promoción de la lectura (0,8%).

La tercera partida más importante de la Secretaría de Educación es la referida a becas para estudiantes, que se llevará el 5,8% de los recursos. Otro informe sobre el presupuesto educativo nacional 2026 elaborado desde el espacio peronista Imaginar y Transformar mostró que las Becas Progresar –la principal acción estatal en este rubro– sufrieron una reducción presupuestaria del 78% en términos reales desde 2023, una caída del 37% en la cantidad de becarios –alrededor de un millón de jóvenes– y el congelamiento del monto en 35 mil pesos.

Las acciones de formación docente –correspondientes al Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD)– tendrán una variación interanual del 2,7%, muy por debajo de la inflación proyectada. Desde Imaginar y Transformar calcularon que la caída con respecto a 2023 es del 73%. En 2026 también caerán 49,6% los recursos para innovación y desarrollo de la formación tecnológica, que dependen del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

El análisis de Argentinos por la Educación muestra que los fondos para infraestructura y equipamiento se reducirán en un 62,9%. El Estado nacional ya no prevé fondos para fortalecer el equipamiento educativo, ni para infraestructura universitaria, ni para ampliaciones o refacciones, ni para el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes.

Estas funciones se suman a otras ya eliminadas durante la actual gestión, como el programa Conectar Igualdad o el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Desde Imaginar y Transformar también señalaron que en 2025 no se asignaron recursos al programa de Educación Sexual Integral y hubo nula ejecución del Fondo de Compensación Salarial Docente, destinado a que la Nación asista a las provincias que no llegan a pagar el salario mínimo docente –fijado en 500.000 pesos–.

“El presupuesto 2026 refleja una dinámica de transición en las finanzas públicas. El desafío es pasar de un ajuste del gasto rudimentario a un equilibrio sostenible y de calidad. La prioridad es mantener el equilibrio fiscal y mejorar resultados”, consideró Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea.

“Es una gran noticia que tras el ajuste de shock inicial que se hizo en el gasto en general, empiece una etapa de priorizar los lugares en los cuales se pondrá el foco para volver a robustecer, pero siempre sigue siendo más importante el cómo qué el cuánto. Es decir, qué funcionalidad tendrán esos recursos y su impacto final”, coincidió el economista y consultor Santiago Bulat.

En contraposición, para Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la UBA, el informe expone “la consolidación del desfinanciamiento educativo que se dio en 2024 y 2025”. Doberti sostuvo que “el Estado nacional restringe su rol a un magro sustento económico de las universidades nacionales y deserta del sostenimiento de la mayoría de los programas para la educación básica en aspectos tales como la infraestructura y el equipamiento escolar, la formación docente, la innovación tecnológica o la provisión de computadoras”.

En un sentido similar, el economista y docente Jorge Lo Cascio advirtió que la caída de la inversión en infraestructura y equipamiento (-62,9% en términos nominales) “profundiza las desigualdades educativas y reduce las escasas posibilidades de lograr una alfabetización digital acorde con los umbrales de ciudadanía del siglo XXI para amplios sectores sociales”.