YPF: La Justicia de EE.UU. empieza a definir si la Argentina deberá pagar la sentencia por US$16.000 millones

El Gobierno enfrentará este miércoles una audiencia clave en Estados Unidos. Se comenzará a definir si la Argentina debe pagar la sentencia por US$16.000 millones más intereses al que la condenó la jueza Loretta Preska hace dos años por la expropiación de YPF durante kirchnerismo.

Los abogados del país, de la petrolera y el fondo Burford Capital presentarán sus argumentos orales ante el tribunal de segunda instancia de Nueva York, integrado por José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson.

En la audiencia, que se desarrollará desde el mediodía argentino en el edificio judicial de la Corte de Apelaciones en Manhattan, los magistrados escucharán e indagarán a las partes. No tienen plazos para publicar su veredicto, pero se estima que se conocería recién para los primeros meses de 2026.

La estrategia judicial argentina apunta a revertir la millonaria condena en primera instancia, de septiembre de 2023. O, por lo menos, que los magistrados de segunda instancia fijen una reducción considerable del monto a pagar.

La semana pasada, el fondo Burford hizo un repaso de la causa, el estado de situación y estimó que la causa podría extenderse hasta 2027. También le recomendaron a la Argentina que negocie.

El proceso de apelación, que se inició en octubre de 2023, va en paralelo a la apelación para evitar la entrega de acciones de la petrolera como parte de pago a los demandantes, también ordenada por Preska.

Esa instancia tuvo sus argumentos orales ante otro tribunal de la misma corte neoyorkina a principios de octubre y se tendrá la respuesta de los demandantes para mediados de noviembre, así como una nueva presentación argentina a principios de diciembre.

También en paralelo, Preska sigue al frente de los procesos de discovery, por los cuales los beneficiarios del fallo de fondo buscan activos argentinos para embargar y cobrar con parte de la millonaria sentencia.

La entrega de información relacionada con si la propia YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación funcionan como “alter ego” de la República.

En ese marco, el jueves 30 vencerá el plazo que impuso Preska para que la Argentina entregue comunicaciones de Luis Caputo, Sergio Massa y otros funcionarios y exfuncionarios de Economía.

Las posturas que defenderán la Argentina y los demandantes ante la Corte de Nueva York
En la audiencia de este miércoles, los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson solo se discutirán el fallo de Preska que ordenó al país pagar US$16.000 millones por cómo se efectivizó la expropiación de YPF.

Sebastián Maril, de Latam Advisors, explicó que los magistrados escucharán primero a los representantes de la Argentina y luego a los demandantes. Cada parte tendrá 30 minutos de exposición. Si los abogados del país no consumieron su tiempo, podrán contestarle a los beneficiarios del fallo.

Luego, indicó el especialista, los demandantes tendrán 10 minutos para protestar contra la decisión de Preska de eximir a la petrolera de cualquier responsabilidad en el proceso de expropiación. Seguido a eso, YPF tendrá el mismo tiempo para responderles.

El largo recorrido de la apelación argentina ante la Corte de Nueva York contra la sentencia millonaria de YPF tiene innumerables capítulos y presentaciones de escritos, entre ellos los respaldos de varios países a la postura argentina.

A dos años de la sentencia que le ordenó pagar US$16.000 millones, la Argentina buscará convencer a la Corte de Apelaciones de Nueva York que anule el fallo de Loretta Preska. (Foto: Thuan Vo/Pexels)
Entre esos “amicus” que elevaron escritos a la Justicia norteamericana figuran Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador.

Estados Unidos no se presentó en la apelación sobre la cuestión de fondo, pero sí lo hizo -en dos oportunidades- contra la entrega de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia. En uno de esos escritos, el Departamento de Justicia norteamericano dijo que no haber opinado en la cuestión de fondo no debe leerse como estar de acuerdo en lo que piden los demandantes.