El Gobierno vetó la Ley de Emergencia Pediátrica. El presidente Javier Milei ha ratificado el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796, devolviendo el proyecto al Congreso para su posible revisión. La ley, respaldada por una amplia mayoría en el Senado, buscaba aumentar el presupuesto y mejorar las condiciones laborales del personal de salud pediátrica, en respuesta a reclamos del Hospital Garrahan.
Sin embargo, el Gobierno argumentó que la ley carece de financiamiento genuino y puede generar distorsiones salariales, comprometiendo programas esenciales. Se estimó que la implementación tendría un costo fiscal significativo, importante para la austeridad fiscal del Gobierno.
En una decisión que reaviva el debate sobre el gasto público y las políticas de salud, el presidente Javier Milei ratificó el veto a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica N° 27.796.
La medida, oficializada esta madrugada a través del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial, implica que el proyecto será devuelto al Congreso de la Nación para su posible revisión.
La Ley que vetó Milei
La iniciativa, sancionada con una amplia mayoría de 62 votos a favor en el Senado el 22 de agosto, buscaba abordar una crisis en el sector pediátrico.
Proponía una recomposición salarial para el personal de salud asistencial y no asistencial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año.
Además, establecía la eximición del pago de Ganancias para el personal que realizara actividades críticas, horas extras o guardias.
Este proyecto surgió como respuesta a los persistentes reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan, reconocido en la ley como emblema de la salud pediátrica nacional.
Los argumentos del Gobierno nacional
Sin embargo, el Gobierno esgrimió razones contundentes para su rechazo. Argumentaron que la ley “carece de un financiamiento genuino” y posee una “redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad”.
El veto se fundamenta en que la implementación de una ley de este tipo “profundiza distorsiones salariales” al colocar al personal pediátrico por encima de otros trabajadores, y “compromete programas esenciales” al afectar la coparticipación federal y la estabilidad presupuestaria de la Nación y las Provincias.
El costo fiscal fue un factor determinante. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley habría representado un desembolso de $ 65.573 millones para el Tesoro Nacional.
Adicionalmente, la exención del pago de Ganancias para el personal de salud implicaría que $ 115.030.000.000 dejarían de ingresar a las arcas del Estado. “Como dijo el Presidente, se va a rechazar todo.
No hay plata”, sostuvo una fuente cercana a Casa Rosada a Infobae.
Otro veto reciente
Este veto se suma al ya concretado sobre la Ley de Financiamiento Universitario, en línea con la postura del Gobierno de priorizar la austeridad fiscal.
La decisión genera un nuevo capítulo de tensión con la oposición y con los actores del sistema de salud pediátrico.
