En paralelo a la implementación de las medidas para fomentar el uso de los dólares del colchón, parte del equipo económico planifica otras iniciativas para avanzar en el ajuste del gasto público. Todos los detalles.
29 de mayo de 2025
AA Prensa
En paralelo a la implementación de las medidas que buscan fomentar el uso de los dólares del colchón, parte del equipo económico del gobierno de Javier Milei planifica sigilosamente otro tipo de iniciativas para profundizar el denominado avance de la motosierra o ajuste del gasto público.
Por un lado, la Secretaría de Energía proyecta ampliar la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas para los usuarios que viven en countries y barrios cerrados de todo el país.
La disposición, que se está analizando en despachos oficiales, es en realidad una extensión a todo el ámbito nacional de la eliminación de la asistencia que ya se hizo con más de 15.500 usuarios de barrios cerrados del Área Metropolitana de Buenos Aires, tal como lo había anunciado el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Básicamente, la Secretaría de Energía oficializó una resolución que le permite aplicar criterios de exclusión por georreferencia. Es decir, puede quitarles el beneficio a ciertos grupos que, según considera, tienen el poder adquisitivo suficiente para afrontar la tarifa plena por la zona en la que viven. “Se entiende que lo pueden pagar”, explican.
De esta manera, esos usuarios pasarán al denominado N1 o de altos ingresos -que pagan la tarifa plena-, en lugar de ser N2 -tienen el 65% del subsidio- o N3 -cuentan con el 55% de asistencia-.
Además, la Secretaría de Energía resolvió que los beneficiarios del Régimen de Zona Fría con más de un medidor solo accederán a un descuento del 30% sobre la tarifa plena, en lugar del 50% otorgado a quienes acrediten situación de vulnerabilidad. La decisión se tomó después de detectar 137.975 casos de titulares que registran el beneficio en más de un domicilio.
Por otra parte, desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, mantienen la intención de restructurar organismos públicos, lo que implica que esos entes pueden disolverse o fusionarse.
De acuerdo a información oficial, 111 organismos concentran el 48% de los trabajadores de la administración pública nacional. La idea de esta llamada reestructuración es transformar 40 de ellos. En los últimos días el área de Desregulación ya hizo algunos cambios. Por ejemplo, se fusionaron institutos que dependían de la Secretaría de Cultura.
Ahora, se procura avanzar en nuevas eliminaciones o reconversiones. Entre las áreas que están bajo observación figuran Producción, Salud y Economía.
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