Esta nueva legislación aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y busca desmantelar las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, extorsión y trata de personas.
10 de marzo de 2025
Priscila Corregidor
A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la Ley Antimafias, sancionada por el Congreso en sesiones extraordinarias. Esta ley endurece las penas para los miembros de organizaciones delictivas y tiene como objetivo desarticular las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de dinero, la extorsión y la trata de personas.
El primer capítulo de la ley establece que se considera organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que operen concertadamente con el propósito de cometer delitos graves. Estos grupos deben actuar de manera continua en áreas geográficas determinadas y con modalidades operativas definidas, siempre con la intención de obtener beneficios ilícitos o intimidar a la población.
La ley es aplicable a diversos delitos, entre los cuales se incluyen narcotráfico, corrupción, tráfico de personas, entre otros. Además, introduce criterios claros para investigar la vinculación de delitos con organizaciones criminales, como la reiteración de hechos delictivos en zonas específicas y la intención de amedrentar a autoridades o desplazarse a otras áreas de control.
Un aspecto destacado es la investigación especial que la ley permite bajo ciertas circunstancias. Las autoridades judiciales pueden declarar áreas geográficas como zonas sujetas a investigación especial, facilitando intervenciones de las fuerzas de seguridad federales y provinciales en coordinación con la justicia. Esto también permitirá la intercepción de comunicaciones y la incautación de bienes vinculados a actividades ilegales.
Otro de los puntos claves de esta ley es la modificación del Código Penal, introduciendo nuevos artículos que endurecen las penas para aquellos que participen, cooperen o ayuden en la formación de una organización ilícita. Las penas pueden variar entre ocho y veinte años de prisión para los involucrados en delitos de grave magnitud, como el narcotráfico y la trata de personas.
La ley también permite el decomiso anticipado de bienes vinculados a actividades criminales, incluso antes de una condena. Si el Ministerio Público Fiscal solicita el decomiso de bienes de personas involucradas en organizaciones criminales, estos bienes pasarán inmediatamente al dominio del Estado. Si la persona es absuelta, los bienes serán restituidos, garantizando la protección del derecho de propiedad.
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